El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, encendió nuevamente las alarmas en el debate nacional al solicitar que se retome con fuerza la discusión sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Su petición surge tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Ana Lucía González Mendoza, una menor de 9 años, cuyo cadáver fue localizado el martes 15 de septiembre de 2026 en el interior de una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La desaparición de la pequeña, originaria de Mosquera, Cundinamarca, conmocionó al país entero, y el caso dio un giro judicial con la captura de Shenner José Rojas Lárez, de origen venezolano, quien fue presentado como el presunto responsable de los hechos.
En una declaración difundida a través de sus redes sociales, el ministro Beltrán expresó su consternación y enfatizó que «llegó la hora de que Colombia empiece a hablar de nuevo sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños». El funcionario, visiblemente afectado por el caso, señaló que «como padre de familia es muy doloroso seguir conociendo casos tan aberrantes como el de la pequeña». Estas declaraciones reavivan un debate jurídico y político que parecía latente desde la decisión de la Corte Constitucional en su Sentencia C-294 de 2021, cuando se declaró inexequible una reforma anterior que pretendía establecer este castigo.
Un proyecto que busca resucitar la pena perpetua
En la mira de la opinión pública está el proyecto de acto legislativo radicado en agosto de 2026 por la representante Nataly Vélez, de Cambio Radical, que busca modificar el artículo 34 de la Constitución para permitir la prisión perpetua revisable para adultos condenados por homicidio doloso y delitos sexuales graves contra menores. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, incorpora mecanismos de revisión judicial de oficio y control automático, ajustándose a los estándares constitucionales que tumbaron la reforma anterior. El proyecto establece que una condena de este tipo deberá cumplir 20 años de prisión efectiva antes de que un juez evalúe si procede algún beneficio, una disposición que busca equilibrar la dureza de la pena con los procesos de resocialización.
«Llegó la hora de que Colombia empiece a hablar de nuevo sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños».
Jaime Andrés Beltrán Martínez, ministro de Vivienda
El caso de Ana Lucía no solo ha reactivado la discusión política, sino que ha puesto los reflectores sobre el presunto agresor. Shenner José Rojas Lárez, quien es oriundo de La Guaira, Venezuela, residió en Maicao, La Guajira, antes de llegar a la capital del país. Las autoridades verifican si tiene procesos judiciales pendientes en su país de origen, pues aparece en una consulta preliminar por hurto y figura en un proceso de familia por patria potestad, aunque no se ha confirmado si se trata de la misma persona. Conocido como ‘El Negro’, el detenido tendría familiares o conocidos en Ibagué, y según el dictamen inicial de Medicina Legal, la causa de la muerte de la menor fue asfixia mecánica.
La Fiscalía General de la Nación informó que Rojas Lárez será presentado ante un juez en las próximas horas para responder por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Mientras tanto, el clamor social se intensifica y la sombra de la tragedia vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para proteger a sus niños, en un debate que promete marcar la agenda legislativa de los próximos meses.
