En una declaración que busca explicar la operación y justificar su marco legal, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió el bombardeo realizado en Guaviare, alegando que, pese a la alta probabilidad de presencia de menores, no había niños ni niñas y que los jóvenes eran combatientes ilegales. Afirmó que la acción fue legítima bajo el Derecho Internacional Humanitario y que, pese a la presencia de menores en el entorno, se trataba de neutralizar a un grupo de más de 100 personas en un campamento disidente vinculado a Iván Mordisco. Se informó además del rescate de tres adolescentes con vida y de un saldo de 20 víctimas mortales en total, con 7 de ellas identificadas por Medicina Legal como menores. La operación se ejecutó mediante bombardeo aéreo, sustentada en una valoración de inteligencia que señalaba una alta probabilidad de presencia de combatientes ilegales en armas, y se enmarca en una estrategia para proteger a la tropa ante una amenaza considerada inminente.
El jaleo político y ético que rodea el hecho se alimenta de antecedentes y de la pregunta sobre si existía conocimiento previo de la posible presencia de menores antes de autorizar la acción. En ese marco, el Gobierno sostiene que se evaluaron principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar, en línea con el marco del Derecho Internacional Humanitario, al tiempo que se mantiene que tres adolescentes sobrevivieron al operativo. En el plano institucional, la Defensoría del Pueblo ha expresado condena y ha subrayado que la situación representa una manifestación de la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, que afecta especialmente a menores reclutados.
Debate sobre la legalidad y la protección de menores en operaciones de alto riesgo
La administración ha defendido que la operación respondió a una amenaza inminente y grave y que su objetivo era neutralizar a un grupo de más de 100 personas que operaban en la selva colombiana, subrayando además que 20 uniformados estuvieron expuestos a una amenaza letal inminente. En paralelo, se confirma el rescate de tres adolescentes que formaban parte del grupo disidente, mientras Medicina Legal mantiene el recuento de 7 adolescentes fallecidos y la cifra total de 20 víctimas. En este contexto, la discusión se centra en el alcance del uso de la fuerza y en la clasificación de menores como combatientes en armas, un tema que ha generado controversia jurídica y ética a nivel nacional e internacional.
«El principio de distinción se refiere a determinar quiénes son combatientes en función continua de combate y quiénes están protegidos por el DIH al no ser combatientes. Es decir, los civiles que no participan de hostilidades» — Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
«No habían niños, no habían niñas» — Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
«Ahí, en ese grupo, solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas y el resultado que da Medicina Legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas» — Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
«Si dejo avanzar los ciento cincuenta hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan a veinte soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros» — Gustavo Petro, Presidente
«Es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares» — Iris Marín, Defensoría del Pueblo
La cobertura aclara que, mientras el Gobierno mantiene que la operación se realizó en defensa de la tropa ante una amenaza potencial y que se ajustó a los principios del DIH, la forma en que se clasifica a los menores en conflictos armados y su tratamiento frente a la protección de civiles sigue impulsando un intenso debate público. La Defensoría del Pueblo ha reiterado su condena y ha enfatizado el daño humano infligido a menores reclutados, mientras el Ejecutivo sostiene que ha actuado dentro de un marco legal y ético que busca, en última instancia, salvaguardar a las fuerzas armadas frente a amenazas graves.
Desde La Veintitrés Manizales, esta cobertura continúa vigilando las reacciones institucionales y jurídicas que surgen en torno a la operación, así como las implicaciones para la política de seguridad, la protección de menores y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en escenarios de alto riesgo. Las cifras oficiales señalan una combinación de rescates y pérdidas que alimentan un pulso entre seguridad y derechos humanos, y que obligan a una revisión constante de procedimientos y protocolos ante conflictos de alta complejidad.
