El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció una ambiciosa reforma a la Dirección de Consulta Previa con el objetivo de destrabar proyectos de infraestructura y seguridad energética considerados estratégicos para el país, como el megaproyecto gasífero Sirius, las obras del Canal del Dique y el muelle 13 de Buenaventura. La iniciativa busca combatir lo que el funcionario calificó como un uso fraudulento de este mecanismo constitucional, al tiempo que se priorizan iniciativas clave para el crecimiento económico y la estabilidad energética de Colombia. Las medidas, que según el ministro responden a una directriz del presidente de la República, incluyen la tramitación simultánea de la consulta previa y la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la modernización y sistematización de la dirección encargada, la flexibilización de procedimientos en zonas declaradas en desastre y la lucha contra prácticas de corrupción internas.
La reforma se da en medio de las denuncias de Ecopetrol sobre presuntas exigencias económicas de la comunidad de Taganga, que amenazan la viabilidad del proyecto Sirius, operado por Petrobras Colombia en alianza con la estatal. Según la gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, estas peticiones constituyen un acto de extorsión. El ministro Lara Restrepo fue contundente en sus declaraciones: “La consulta previa, que es importante y la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar”. En un mensaje difundido en redes sociales, agregó: “Colombia necesita crecer. Y para crecer se necesitan inversiones y proyectos. Si extraemos el gas de Sirius, cuidamos el bolsillo de los colombianos: servicios públicos más baratos, sobre todo la energía en la Costa. Lo que frena esas obras no es la consulta previa. Es el abuso de la consulta previa”.
Sirius, el gigante de gas que espera su oportunidad
El proyecto Sirius, ubicado en el mar Caribe, tiene un potencial superior a seis terapies cúbicos de gas natural y podría producir 470 millones de pies cúbicos diarios, una cifra que permitiría, según el ministro, cuadruplicar las reservas nacionales de gas. Sin embargo, su puesta en marcha, prevista entre 2030 y 2031, depende de la culminación de los procesos de consulta previa. Ecopetrol reporta que ya se han adelantado diálogos con el 97% de las comunidades certificadas para el trazado del gasoducto de 117 kilómetros hasta el campo Ballena, en La Guajira, y que 38 de ellas ya protocolizaron acuerdos. No obstante, el impasse con la comunidad de Taganga, necesaria para solicitar los permisos de explotación ante la Anla, ha frenado el avance. El presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, ha seguido de cerca estas negociaciones.
Las nuevas disposiciones buscan justamente que mientras se tramita la consulta previa, se pueda avanzar de manera concurrente en la licencia ambiental, evitando así cuellos de botella. “Mientras se tramita la consulta previa, se puede tramitar de manera concurrente la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla)”, explicó Lara Restrepo. Como primer resultado de la reforma, el ministro destacó que la consulta previa para el muelle 13 de Buenaventura ya concluyó en un plazo reducido, y aseguró que ahora irán por el Canal del Dique y por Sirius. En contextos de desastre, se propone además flexibilizar los procedimientos para agilizar la reconstrucción de colegios y redes de servicios públicos.
«La consulta previa, que es importante y la defendemos, está siendo utilizada por individuos inescrupulosos para extorsionar»
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
La reforma, que el ministro atribuyó directamente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, busca no solo agilizar proyectos sino también limpiar la Dirección de Consulta Previa de prácticas corruptas. En un contexto donde la consulta previa es un derecho constitucional fundamental para proteger a las comunidades étnicas, el Gobierno plantea un equilibrio entre la garantía de esos derechos y la necesidad de impulsar inversiones que, según el ministro, aliviarán el bolsillo de los colombianos, especialmente en la Costa Caribe, al reducir el costo de los servicios públicos. La noticia fue publicada el 14 de agosto de 2025 y marca un nuevo capítulo en la tension entre desarrollo y protección comunitaria en Colombia.
