El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentó ante el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá una solicitud formal de revocatoria de la sanción por desacato a una tutela que le fue impuesta, en un caso que involucra la entrega de información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación. La medida judicial, solicitada originalmente por la excongresista Katherine Miranda Peña, había señalado al funcionario por no cumplir con un requerimiento de información relacionado con posibles casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia de género en diversos medios del país, en particular en Rtvc, hoy conocido como Inravisión.
La controversia se originó el 24 de marzo de 2026, cuando Miranda Peña solicitó detalles específicos sobre el plan de inspección, limitando su petición a la información concerniente al medio público, sin requerir datos de otras empresas del sector. El Ministerio del Trabajo emitió una respuesta el 26 de mayo de ese mismo año, y posteriormente, el 1 de julio de 2026, comunicó formalmente dicha respuesta al despacho judicial. Sin embargo, el juzgado consideró que había existido un desacato, lo que llevó al ministro Sanguino a controvertir la decisión y a pedir su anulación.
Reserva legal y protección de datos sensibles
En un comunicado oficial, Sanguino defendió la postura de su cartera, argumentando que la información solicitada goza de reserva legal debido a que involucra datos sensibles de posibles víctimas de acoso sexual en entornos laborales. “El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entornos laborales”, afirmó el ministro, quien agregó que proteger la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es una prioridad del Gobierno nacional al momento de adelantar las funciones de inspección, vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación.
“El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entornos laborales. Proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es mi prioridad y la del Gobierno nacional a la hora de adelantar las funciones de inspección vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación”.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
El Ministerio del Trabajo interpuso una acción judicial para controvertir la sanción por desacato y solicitar su revocatoria, decisión que se enmarca en el desarrollo de este caso que aún no tiene un fallo definitivo. La noticia, que se encuentra en desarrollo, deja abierta la discusión sobre los límites entre el derecho a la información pública y la protección de datos sensibles, especialmente en contextos de denuncias de acoso y violencia de género. Mientras tanto, el juzgado deberá pronunciarse sobre la solicitud del ministro Sanguino, en medio de un debate que combina elementos legales, políticos y de protección a las víctimas.
