En un pronunciamiento que sacudió el proceso de empalme gubernamental, el ministro de Ambiente designado Fabio Arjona Hincapié denunció un grave deterioro en el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y desmintió las cifras de reducción histórica de deforestación presentadas por la administración saliente de Gustavo Petro. A través de un comunicado en redes sociales del movimiento Defensores de la Patria y en entrevista con El Tiempo, el funcionario del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reveló que el equipo de transición detectó un «descuido» crítico en áreas protegidas clave como la Amazonía, Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai, Río Puré y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, este último patrimonio mundial de la Unesco y vital para la protección de pueblos indígenas en aislamiento.
Las cifras que expuso Arjona contrastan directamente con el relato oficial del Gobierno Petro. Según el balance del empalme, entre 2022 y 2025 se transformaron 48.125 hectáreas dentro del sistema de parques nacionales. La tendencia es alarmante: mientras en 2023 se deforestaron 4.682 hectáreas, en 2024 la cifra saltó a 11.544 hectáreas, lo que representa un aumento del 146,5 por ciento. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, 195 funcionarios y contratistas de Parques Nacionales han recibido amenazas de muerte, lo que evidencia la gravedad de la situación de seguridad en los territorios protegidos. «La conservación no necesita de discursos ni de promesas, necesita de acciones reales. No hay conservación posible cuando los parques quedan solos», sentenció Arjona.
Un nuevo ABC ambiental: agua, biodiversidad y comunidades
Ante este panorama, el ministro designado presentó los lineamentos de su política ambiental, resumida en lo que denominó el ABC: agua, biodiversidad y comunidades. La estrategia incluye la revisión de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el fortalecimiento de los consejos de agua y una lucha frontal contra la minería ilegal. También se impulsará la restauración de arrecifes y manglares, el proyecto del millón de corales y la ampliación de zonas exclusivas de pesca artesanal. Sin embargo, uno de los puntos que más controversia ha generado es la defensa del fracking controlado. Arjona aclaró que el Ministerio de Ambiente no realiza fracking directamente, sino que garantiza estándares y controles a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y precisó que esta técnica estaría restringida a menos del 2 por ciento del territorio nacional, unos 2.000 kilómetros cuadrados ubicados en los valles interandinos y el Magdalena Medio, fuera de áreas protegidas y resguardos indígenas.
«El fracking está restringido básicamente a unas áreas en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional»
Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado
Arjona, quien fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservation International y viceministro de Política y Regulación del Ministerio de Ambiente, también puso el dedo en la llaga en materia fiscal. Denunció que el gobierno saliente incumplió la asignación del 15 por ciento del Impuesto al Carbono para el programa Herencia Colombia, un fondo crucial para la conservación a largo plazo. «Cuidar la vida también exige financiarla», afirmó. Las principales presiones detectadas sobre los parques, según el equipo de empalme, son la ganadería extensiva, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita con mercurio. En este contexto, la Serranía de Chiribiquete requiere atención prioritaria por su valor ecológico y la presencia de comunidades en aislamiento voluntario. La advertencia de Arjona marca un giro drástico en la narrativa ambiental oficial y plantea un desafío inmenso para la próxima administración: pasar de los discursos a las acciones reales en la defensa de los ecosistemas estratégicos del país.
