En medio del proceso de transición gubernamental, el ministro de Justicia designado para el gobierno de Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, solicitó formalmente al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino Cortés, aplazar la sesión del comité de contratación prevista para el miércoles 15 de julio. La solicitud busca frenar la adjudicación o aprobación de un paquete de 48 procesos contractuales que suman más de 6.402 millones de pesos, hasta que el equipo de empalme pueda revisar a fondo la documentación de cada uno.
Mediante una carta enviada directamente a la Andje, Cancino cuestionó la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional de adelantar un volumen inusualmente alto de contrataciones en una sola sesión al cierre de la actual administración, que mantiene sus facultades hasta el 7 de agosto. El funcionario designado fue enfático al señalar que su comunicación no cuestiona la validez jurídica de los procesos, sino que se centra en evaluar si realmente es pertinente comprometer recursos públicos de largo plazo, especialmente aquellos que corresponden a vigencias futuras y que serían ejecutados por el próximo gobierno.
Un llamado a la revisión exhaustiva
En su misiva, Cancino otorgó un plazo de tres días para que la Agencia entregue un detalle completo de cada uno de los 48 expedientes, incluyendo información precisa sobre el objeto del contrato, la cuantía, la modalidad de selección, el respaldo presupuestal, las vigencias futuras y los estudios previos que los sustentan. Además, el equipo de empalme solicitó una revisión de posibles vínculos entre estos procesos y otros contratos recientes de la Andje, con el objetivo de descartar cualquier indicio de fraccionamiento contractual que pudiera eludir los controles establecidos.
«no es la validez jurídica de dichos procesos lo que motiva esta comunicación, sino la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional»
Iván Cancino, ministro de Justicia designado
El ministro designado también recordó que el levantamiento de la Ley de Garantías Electorales no obliga a la administración saliente a adelantar procesos de contratación de manera automática, subrayando que «es válido también abstenerse de hacerlo». Esta postura refuerza la intención del equipo entrante de revisar si los contratos pueden diferirse a la próxima administración, evitando así comprometer recursos que deberían ser gestionados por el nuevo gobierno.
La carta, que también fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para posibles acciones de vigilancia y control, ya ha generado expectativas sobre el impacto que tendrá en los procesos de contratación pública durante el cierre de la actual gestión. Mientras tanto, la Andje deberá responder en los próximos días si acoge la solicitud de aplazamiento y entregar la información solicitada, en un movimiento que marca el pulso de la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella.
