El pulso por la transición en el Ministerio de Defensa escaló este martes a un enfrentamiento abierto entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. El mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, designado como ministro de Defensa por De la Espriella, presentó un derecho de petición con 666 preguntas —distribuidas en 85 folios— dirigido a su predecesor, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, mientras que este último denunció que los delegados del nuevo gobierno no asistieron a la sesión de empalme programada para el 7 de julio de 2026 en Bogotá. La solicitud escrita, fundamentada en los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política y en las leyes 951 de 2005, 1755 de 2015 y 1712 de 2014, exige respuestas en formatos abiertos y reutilizables con trazabilidad, y pide que, en caso de información reservada, se identifique la autoridad competente y se remita la versión pública correspondiente.
El ministro saliente Sánchez Suárez confirmó que la información para la transición estaba lista, con documentos y equipos técnicos dispuestos, pero lamentó la inasistencia del equipo entrante, calificándola como «una oportunidad perdida para fortalecer la continuidad institucional». En declaraciones a la prensa, Sánchez subrayó que el empalme «no es un acto protocolario ni una cortesía entre administraciones, sino un deber con Colombia». No obstante, el ambiente se enrarece por el contexto político: el presidente Gustavo Petro desconoció la elección de Abelardo de la Espriella y ordenó suspender el proceso de transición «hasta que existan las condiciones requeridas para desarrollar un empalme técnico, transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley, en especial de la Ley 951 del 2005».
Un cuestionario de 666 preguntas que busca «respuesta verificable»
El derecho de petición, enviado el 7 de julio desde las oficinas del Ministerio de Defensa en Bogotá, exige a Sánchez Suárez «una respuesta de fondo, integral, clara, congruente y verificable» a cada uno de los 666 puntos. Mora López, quien actúa como delegado del equipo de empalme del gobierno electo, fundamenta su solicitud en la Constitución y en tres leyes que regulan la transición y el acceso a la información pública. Además, el documento especifica que las respuestas deben entregarse en formatos abiertos y reutilizables, garantizando trazabilidad, y se ofreció un canal electrónico para su envío, aunque en la copia divulgada no se detalló la dirección. La cifra de preguntas —la más alta registrada en un derecho de petición para un empalme en el sector defensa— refleja la desconfianza y la tensión entre las dos administraciones.
«Una respuesta de fondo, integral, clara, congruente y verificable»
Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado
La suspensión ordenada por Petro y la mesa que esperó vacía
El ministro saliente Sánchez Suárez explicó que el equipo de transición de su cartera tenía todo listo: documentos, informes técnicos y personal capacitado para recibir a los delegados entrantes. Sin embargo, «quienes debían recibir el conocimiento construido durante años de servicio al país» no se presentaron. La sesión del martes 7 de julio estaba prevista como parte del cronograma de empalme, pero la orden de Petro de suspender el proceso hasta que se den las «condiciones legales» dejó en el aire la continuidad. Sánchez insistió en que la Ley 951 de 2005, que regula la entrega ordenada de la gestión pública durante cambios de gobierno, es clara y debe cumplirse. Mientras tanto, el derecho de petición de Mora López busca forzar la entrega de información clave, en medio de un escenario donde la transición presidencial se ha convertido en un campo de batalla político.
«Una oportunidad perdida para fortalecer la continuidad institucional»
Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, ministro de Defensa saliente
El desarrollo de los próximos días será crucial para definir si la transición en el Ministerio de Defensa podrá retomarse bajo los cauces legales o si el enfrentamiento entre el gobierno saliente y el entrante se profundiza, afectando la seguridad y la institucionalidad del país.
