El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra las congresistas Lina Garrido y Jota Pe Hernández, así como la senadora María Fernanda Cabal, por presuntamente incentivar la intervención militar extranjera en Colombia, lo que el Centro Democrático calificó como un ataque directo a la oposición política. La acción se basa en mensajes publicados por las legisladoras, interpretados como llamados a invasiones externas y un debilitamiento de la soberanía nacional, violando el artículo 455 del Código Penal por menoscabo a la integridad territorial, además de incumplir deberes constitucionales y promover hostilidades contra la patria.
La denuncia, radicada en la Corte Suprema de Justicia, argumenta que las declaraciones de las congresistas sugieren la entrega de territorio colombiano para bases militares extranjeras, configurando instigación a la guerra y promoción de injerencias externas. Este hecho se enmarca en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición, donde el Centro Democrático ha denunciado una estigmatización sistemática que, según ellos, contribuyó al magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay.
Reacciones del gobierno y la oposición
El ministro Idárraga defendió su decisión enfatizando la defensa del Estado de Derecho. «La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable», declaró el funcionario.
«Es inaceptable que este gobierno siga pretendiendo judicializar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la oposición política».
Centro Democrático
El partido Centro Democrático expresó su rechazo total a la medida y brindó respaldo absoluto a la senadora Cabal, recordando las consecuencias de la estigmatización previa. «Todo nuestro respaldo a la senadora María Fernanda Cabal. Presidente Petro le recordamos que su permanente estigmatización y constante instigación a miembros de nuestro partido le costó la vida a Miguel Uribe Turbay», afirmaron desde la colectividad política.
«El gobierno Petro quiere callarme usando el aparato judicial».
María Fernanda Cabal, senadora
«El delito de opinión no existe. Y cuando se amenaza la libertad de expresión de una congresista, se abre la puerta para perseguir a cualquier ciudadano por pensar distinto. Es un atentado contra la democracia y yo no me voy a callar».
María Fernanda Cabal, senadora
Este episodio intensifica el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el Congreso y la utilización del sistema judicial en disputas políticas, en un momento en que la oposición acusa al gobierno de Petro de buscar silenciar voces disidentes mediante acciones penales.
