El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, radicó una denuncia penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra las congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, acusadas de incentivar una intervención militar extranjera mediante publicaciones y videos en la red social X. La acción se basa en expresiones que aluden a una posible operación militar de Estados Unidos en Venezuela, consideradas por el Gobierno como un riesgo directo para la institucionalidad democrática colombiana. Idárraga anunció esta medida durante una entrevista en la emisora W Radio de Bogotá el miércoles 7 de enero de 2026, en medio de un contexto de tensiones políticas marcadas por las recientes movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro, quien obtuvo más de once millones de votos en su elección.
Las publicaciones en cuestión surgieron tras la Operación Resolución Absoluta de la Fuerza Delta de Estados Unidos en Venezuela, ejecutada el 3 de enero de 2026 y autorizada por el presidente Donald Trump, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En esos contenidos, las congresistas mencionan videos con el analista Miguel Polo Polo, interpretados por Idárraga como un intento de naturalizar intervenciones externas que podrían desestabilizar la democracia en Colombia, especialmente a puertas de elecciones al Congreso y presidenciales. El ministro enfatizó que estas afirmaciones contradicen la defensa histórica de la institucionalidad por parte de estos actores políticos.
Reacciones y llamados a la calma electoral
Idárraga aclaró que no existe conocimiento de procesos abiertos en Estados Unidos que justifiquen tales llamados, ni solicitudes de cortes norteamericanas que impliquen legitimar acciones contra el presidente colombiano. Además, destacó que los canales de comunicación con Washington permanecen abiertos en la lucha antidrogas, y subrayó la necesidad de bajar el tono de confrontación verbal ante el calendario electoral. Otras denuncias similares han sido presentadas por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y algunos congresistas, dejando en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la decisión sobre si se inicia una investigación formal.
“Nosotros lo que no creemos que se pueda naturalizar es que una autoridad, un representante en este caso del Congreso, simplemente vaya sacando afirmaciones como las que han venido sacando esos congresistas que ustedes acaban de mencionar y que nuestra consideración jurídica claramente ponen en riesgo la existencia democrática en Colombia de las instituciones”.
Andrés Idárraga, Ministro de Justicia
“El futuro de la denuncia penal, que en mi caso radiqué, y también entiendo que el ministro (de Trabajo) (Antonio) Sanguino hizo otras, o algunos congresistas también hicieron, es algo que tiene que determinar, pues en este caso la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.
Andrés Idárraga, Ministro de Justicia
“Es una contradicción profunda que mientras hablaron siempre en estos cuatro años de la defensa de la institucionalidad, salgan con ese tipo de afirmaciones que, ad portas de unas elecciones al Congreso, ad portas de unas elecciones presidenciales, podrían terminar golpeando de manera muy fuerte esta lección democrática”.
Andrés Idárraga, Ministro de Justicia
“De ninguna manera tenemos conocimiento de algún proceso aperturado, de alguna solicitud de alguna corte en Estados Unidos que amerite algo contraído los caballos en este momento, como es legitimar que una autoridad americana se llevara al presidente de los colombianos”.
Andrés Idárraga, Ministro de Justicia
Este episodio intensifica el debate político en Colombia, donde el Gobierno busca blindar las instituciones democráticas frente a lo que percibe como provocaciones externas e internas, mientras la Corte Suprema evaluará las denuncias en un momento clave para la estabilidad nacional.
