El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó duramente en una entrevista concedida a W Radio el manejo de los recursos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al afirmar que el Gobierno Nacional ha cumplido con todos los pagos al día, pero las EPS no están atendiendo a sus usuarios. Esta declaración surge en medio de una discusión sobre la suficiencia de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) destinados a la atención de los afiliados al sistema de salud.
El ministro enfatizó la contradicción entre las afirmaciones de algunas EPS intervenidas, que alegan falta de recursos para cesar servicios, y la realidad de los pagos completos e incrementos realizados por el Ejecutivo. Según datos de la Contraloría General de la República, las EPS dejaron de responder por un monto de 6,8 billones de pesos en 2020, lo que evidencia problemas estructurales en el sector que el Gobierno busca abordar con exigencias de compromisos y reformas en el sistema de salud, mientras allega dinero adicional para la UPC por afiliado.
Interrogantes sobre el destino de los recursos
Guillermo Alfonso Jaramillo planteó directamente la pregunta clave: qué está pasando con los recursos de la salud en manos de las EPS, ya que la Contraloría indica irregularidades en todas ellas, no solo en las intervenidas. El ministro subrayó que pese a las transferencias puntuales, la atención a los pacientes no se materializa, lo que genera preocupación por la sostenibilidad del sistema.
“Yo no entiendo cómo es posible que a las EPS se les tiene todo al día, les pagamos al tiempo y no están atendiendo”
Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social
“[Las EPS] vienen a decir que son las intervenidas y la Contraloría dice que son todas. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué está pasando con los recursos de la salud por parte de las EPS?”
Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud y Protección Social
Esta postura del Gobierno busca presionar por una mayor accountability en el uso de los fondos públicos, en un contexto donde las EPS continúan generando alertas por su gestión, obligando a una revisión profunda del modelo de salud para garantizar la atención oportuna a los colombianos.
