El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado urgente a la Electrificadora de Santander (ESSA) y al sindicato Sintraelecol para que cedan en sus posiciones durante las negociaciones salariales, en medio de una huelga que ha afectado el servicio eléctrico a 958.344 usuarios en el departamento de Santander. Esta paralización, que incluye el sellamiento de oficinas no esenciales por parte del Ministerio de Trabajo liderado por Antonio Sanguino, pone en riesgo la continuidad del suministro para hogares rurales, clientes de prepago y personas electrodependientes, mientras el Gobierno busca equilibrar el derecho a la huelga con la prestación esencial del servicio.
La huelga surgió por la revisión de la convención colectiva, donde la empresa propone un incremento salarial del 8 al 9 por ciento, frente a la demanda sindical del 23,7 por ciento, equivalente al salario mínimo. Los trabajadores de ESSA, con un sueldo técnico base de 4.523.000 pesos y un ingreso promedio de 9.857.303 pesos, pretenden elevar la convención anterior de 98.563 millones de pesos a 243.601 millones, incluyendo 132.395 millones en salarios y 98.607 millones en beneficios, lo que representa una diferencia de 145.038 millones, pese a las utilidades de la empresa en 2024 que alcanzaron los 252.159 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo realiza una revisión de los servicios mínimos para mitigar interrupciones.
Impacto en la población y servicios esenciales
Entre los afectados se encuentran 243.000 usuarios rurales, 64.833 clientes de prepago y 71 personas electrodependientes, además de 517 centros de salud que dependen del suministro continuo. Esta situación genera preocupación por posibles cortes que comprometan la atención médica y el bienestar en zonas apartadas, involucrando a cientos de empleados de ESSA en el conflicto.
«La empresa debe garantizar el derecho de huelga conforme a la revisión que de los servicios mínimos haga el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores deben garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a la ciudadanía. Es algo intocable. Es realmente un experimento social y jurídico el ejercicio del derecho de huelga ahí.»
Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
El ministro Palma enfatizó la necesidad de diálogo y consenso, describiendo el escenario como un laboratorio social donde ambas partes deben construir puentes para un acuerdo rápido, evitando que posturas rígidas prolonguen la crisis. Por su parte, el Consejo Gremial Nacional también exigió garantizar la continuidad del servicio eléctrico en medio de esta tensión laboral.
«Pero ese es el mundo del trabajo, un laboratorio social. Con ambos mantenemos el equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos de la ciudadanía. He conversado siempre con ambas partes para construir puentes que permitan un acuerdo rápido. Conociendo el conflicto, considero que ambos deben ceder. Si siguen negociando por posturas, será imposible un acuerdo rápido.»
Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía
«Se protege el derecho constitucional a la huelga, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio esencial de energía.»
Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo
Con el Gobierno Nacional mediando activamente, se espera que las partes involucradas prioricen la ciudadanía y lleguen a un consenso que evite mayores interrupciones, preservando tanto los derechos laborales como el suministro indispensable de energía en Santander.
