El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó estar dispuesto a cumplir tres días de cárcel si es necesario para defender el aumento del salario mínimo para 2026, que eleva el valor a dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, un incremento del 23,7 por ciento. Esta declaración surge tras la suspensión provisional del decreto original dictada por el Consejo de Estado, que cuestionó el concepto de «salario vital» basado en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En una reunión de la Comisión de Concertación Tripartita el pasado 16 de febrero, representantes del Gobierno de Gustavo Petro, empresarios y sindicatos llegaron a un acuerdo mayoritario para mantener el aumento mediante un nuevo decreto, que debe expedirse en un plazo máximo de ocho días, respaldado en los artículos 25, 53, 56, 333 y 334 de la Constitución Política, que justifican un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias.
El pacto tripartito busca blindar el incremento que beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo y a otros seis millones que reciben entre uno y dos salarios mínimos, así como a aprendices del Sena, soldados y médicos internos. La medida responde a ajustes metodológicos sugeridos por la OIT para garantizar la suficiencia en las necesidades familiares, pese al revés judicial. Mientras tanto, se preparan movilizaciones el próximo 19 de febrero en la Plaza de Bolívar de Bogotá para respaldar la iniciativa.
Acuerdo histórico en medio de la controversia judicial
El nuevo decreto se fundamentará en el expediente del consenso alcanzado en la Comisión de Concertación, lo que Sanguino considera un mensaje poderoso para el Consejo de Estado. Este acuerdo tripartito representa un hito, ya que une a empresarios, Gobierno y sindicatos en defensa del «salario vital», superando la suspensión provisional que frenó el decreto inicial.
«Al Gobierno le parece positivo que nos hayamos puesto de acuerdo por las razones que sean. Y, por supuesto, pues no deja de producirme, digamos, cierta sorpresa, por decirlo menos, la voltereta de candidatos en campaña a propósito del salario mínimo».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
«Incluso, hay una que otra candidata que ha salido a reclamar como suyo, o como suya, el salario vital y a decir: ‘fíjense que yo tenía razón y entonces el Gobierno me hizo caso’. Pero bueno, eso no importa, lo importante es que hay salario vital, es una buena noticia para los trabajadores que reciben directamente el salario mínimo».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Disposición a asumir consecuencias legales
En un gesto de firmeza, el ministro Sanguino reveló que ante la posibilidad de desacato por repetir elementos del decreto suspendido, él mismo ofreció pagar el precio: «Alguien en el Gobierno dijo: ‘Si repetimos el mismo decreto, nos pueden acusar de desacato y esto quiere decir tres días de cárcel’. Entonces, yo dije: ‘Bueno, no sería malo que paguemos tres días de cárcel por ponerle un plato de comida adicional a un trabajador en Colombia’». Esta postura se enmarca en un contexto político cargado, con las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026 en primera vuelta y el 21 de junio en segunda si aplica, donde varios candidatos han cambiado su discurso sobre el salario vital, inicialmente criticado y ahora reclamado como propio.
«Lo vamos a hacer ahora con el expediente de un acuerdo mayoritario en la Comisión de Concertación, que yo creo que es un mensaje poderosísimo y que debe leerse muy bien en el Consejo de Estado».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La decisión impacta profundamente en la economía de millones de hogares colombianos y marca un precedente en la concertación laboral, priorizando el bienestar de los más vulnerables frente a obstáculos judiciales y presiones políticas.
