El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió con firmeza el aumento del 23 por ciento al salario mínimo decretado para 2026, calificándolo como un derecho adquirido de los trabajadores que no se revertirá a pesar de la disputa judicial impulsada por sectores opositores ante el Consejo de Estado. En declaraciones a Portafolio, el funcionario ratificó la solidez de la medida, sustentada en la legislación vigente y en el hecho de que ya se pagó o se está pagando la primera quincena con el nuevo valor, lo que consolida su carácter irretroactivo.
Sanguino enfatizó que esta decisión representa un avance respaldado por normas nacionales e internacionales, y anunció que el Gobierno anticipa una movilización popular en defensa del ajuste salarial. La postura del Ejecutivo se enmarca en un contexto de debate jurídico, donde cuenta con una defensa sólida, sin que hasta el momento se hayan evidenciado impactos negativos en la inflación, el empleo o el costo de la vida de los colombianos.
Estabilidad en precios y ausencia de efectos adversos
En apoyo a su argumento, el ministro destacó que no ha habido un efecto demostrable del incremento salarial sobre la inflación. De hecho, los precios de alimentos se mantienen estables, con variaciones mínimas en productos como la papa pastusa y el plátano hartón, e incluso bajas en los huevos, lo que refleja la ausencia de presiones inflacionarias derivadas de la medida.
«Ya se pagó la primera quincena, o se debe estar pagando la primera quincena, lo que significa que el salario vital se convierte en un derecho adquirido».
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
«No ha habido un efecto demostrable del incremento del salario mínimo sobre la inflación y sobre el costo de la vida de la gente».
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Con esta posición, el Gobierno busca reafirmar el compromiso con los trabajadores frente a las demandas judiciales, preparando el terreno para una respuesta colectiva que proteja los logros laborales alcanzados en Colombia.
