El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, Jonathan Ferney Pulido Hernández y Lina María Garrido, también representante a la Cámara, por los presuntos delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria. Esta acción legal se basa en declaraciones públicas realizadas por los denunciados en fechas recientes a través de redes sociales y escenarios de difusión masiva, donde avalaron la posibilidad de una captura del presidente Gustavo Petro por parte del Gobierno de Estados Unidos e incluso una intervención o invasión militar extranjera en territorio colombiano.
Según el ministro Sanguino, estas afirmaciones representan un grave atentado contra la soberanía del país, al respaldar abiertamente escenarios de injerencia externa que comprometen la integridad nacional. Las declaraciones de los congresistas han generado un fuerte debate político, en medio de tensiones entre el Gobierno y la oposición, donde se acusa a los denunciados de promover ideas que socavan la estabilidad institucional de Colombia.
Detalles de las declaraciones y reacciones
En su denuncia, Sanguino detalló que los congresistas señalados han utilizado plataformas digitales y actos públicos para expresar estas posiciones, lo que motivó la intervención judicial. Por su parte, Miguel Polo Polo ha cuestionado la coherencia del Gobierno al acusarlo de contradicciones, como la liberación de cabecillas criminales mediante decretos, mientras critica duramente su gestión comparándola con acciones animales. Lina María Garrido, por otro lado, ha respondido a los ataques en redes sociales provenientes de seguidores del presidente Petro, afirmando que estos le generan tráfico digital y exigiendo compensación por las menciones constantes que recibe.
“En fechas recientes, los denunciados, en su condición de congresistas de la República, realizaron declaraciones públicas a través de redes sociales y otros escenarios de difusión masiva, en las cuales afirmaron la posibilidad de una captura del Presidente de la República, Gustavo Petro, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, así como la eventual intervención o invasión de fuerzas extranjeras en territorio colombiano”
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
“Este gobierno tiene el sentido común debajo de las patas… sí, patas, porque actúan como animales”
Miguel Polo Polo, representante a la Cámara
El caso se enmarca en un contexto más amplio de confrontaciones políticas, donde también se reporta una denuncia adicional presentada por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, contra la senadora María Fernanda Cabal por incentivar una intervención militar extranjera, en hechos no relacionados directamente con sus funciones legislativas. Cabal ha rechazado estas acciones legales, argumentando que se trata de un intento del Gobierno Petro por silenciar a la oposición mediante el uso del aparato judicial, insistiendo en que no existe el delito de opinión.
“No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial”
María Fernanda Cabal, senadora
Los implicados han calificado las denuncias como formas de censura, mientras el Gobierno defiende la medida como necesaria para proteger la integridad nacional ante expresiones que podrían alentar injerencias foráneas. La Corte Suprema de Justicia será la instancia que determine el curso de estas investigaciones, en un momento de alta polarización política en Colombia.
