El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentó este 29 de julio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia un nuevo paquete de pruebas para robustecer la denuncia penal que interpuso contra tres congresistas por presuntamente haber solicitado una intervención militar de Estados Unidos en Colombia que incluyera la captura del presidente Gustavo Petro. Los denunciados son la exrepresentante a la Cámara Lina María Garrido, el también exrepresentante Miguel Polo Polo y el actual senador Jota Pe Hernández. Sanguino entregó una recopilación de publicaciones en redes sociales —trinos, videos y comentarios digitales— posteriores a los hechos originales, ocurridos el 3 y 4 de enero de 2026, incluyendo mensajes dirigidos al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
La denuncia inicial se apoya en dos artículos del Código Penal: el 455, que tipifica el menoscabo de la integridad nacional, y el 458, que sanciona la participación en hostilidades contra la patria. La Corte Suprema de Justicia había solicitado previamente a Sanguino ampliar la denuncia y fortalecer la acción penal. Ahora, con las nuevas pruebas, el tribunal deberá decidir si abre una investigación formal contra los tres congresistas por estos delitos. El ministro de Trabajo fue contundente al afirmar que “es un ataque contra el presidente, contra la unidad nacional y contra la integridad del territorio de Colombia. Un territorio no es un espacio geográfico vacío: el territorio colombiano es su ciudadanía y su ordenamiento constitucional, el cual debe ser respetado, sobre todo por personas que ostentan la condición de congresistas de la República”.
El contexto de las peticiones de intervención militar
Los hechos que originaron la denuncia se remontan al 3 y 4 de enero de 2026, cuando una incursión militar directa de Estados Unidos en Venezuela culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En medio de ese escenario, los tres congresistas pidieron públicamente una operación similar en Colombia, solicitando también la captura del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones de los denunciados, difundidas en redes sociales y medios, motivaron la reacción del ministro Sanguino, quien calificó esos llamados como un acto de traición. “Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, enfatizó Sanguino.
Por su parte, los denunciados han respondido con contradenuncias. Tanto Lina María Garrido como Jota Pe Hernández denunciaron a Sanguino ante la Fiscalía por injuria y calumnia. En un mensaje público, Garrido señaló: “Salen a amenazarme con denunciarme por ‘traición a la patria’ solo por decir, de frente y sin miedo, que el presidente de Estados Unidos es bienvenido a Colombia y que lo esperamos con los brazos abiertos”. Miguel Polo Polo, en un tono desafiante, respondió con un lacónico “Vea… una más, una menos” ante la ampliación de la denuncia.
«Es un ataque contra el presidente, contra la unidad nacional y contra la integridad del territorio de Colombia. Un territorio no es un espacio geográfico vacío: el territorio colombiano es su ciudadanía y su ordenamiento constitucional, el cual debe ser respetado, sobre todo por personas que ostentan la condición de congresistas de la República»
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
En el plano electoral, la situación de los denunciados refleja resultados dispares. Lina María Garrido obtuvo 30.502 votos al Senado el 8 de marzo de 2026, quedando en el puesto 15 de su coalición y sin alcanzar curul. Miguel Polo Polo, quien en 2022 logró cerca de 40.000 votos para la Cámara, en las elecciones de 2026 quedó cuarto en la circunscripción afro, por fuera de las dos curules disponibles. Jota Pe Hernández, en cambio, se posesionó como senador el 20 de julio de 2026, ostentando actualmente la investidura.
Además de la denuncia de Sanguino, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, radicó otra denuncia similar ante la Sala Especial de Instrucción contra Garrido, Jota Pe Hernández y la senadora María Fernanda Cabal, también por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional. El caso seguirá su curso en la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar las pruebas y determinar si abre una investigación formal contra los congresistas implicados.
