El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó categóricamente cualquier tipo de corrupción o influencia de intereses externos en la estructuración del contrato para la adquisición del Escudo Nacional Antidrones, valorado en 1.681 millones de dólares equivalentes a 6,2 billones de pesos. Esta declaración surge como respuesta directa a un reportaje publicado por El Colombiano, que vinculó a empresarios como Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior Armando Benedetti, y Carlos Alberto Dada, con posibles irregularidades en la licitación. Sánchez enfatizó que el proceso se encuentra en fase precontractual, con un grupo de contratación integrado por expertos del Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Armada y la Policía, bajo la centralización de CODALTEC, que administrará el 14% del contrato.
El proyecto responde a la creciente amenaza de ataques con drones armados perpetrados por el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que en los últimos cinco años han causado al menos 62 muertes y más de 860 incidentes violentos. Cronológicamente, el proceso inició con un memorando de entendimiento con Turquía en junio de 2025, seguido de una demostración del sistema Tolga de la empresa MKE Corporation en noviembre de ese año, y una reunión entre el empresario Carlos Alberto Dada y la viceministra de Defensa Angélica Verbel en diciembre. Todo ello se desarrolla en el Ministerio de Defensa en Colombia, con el acompañamiento permanente de la Contraloría y la Procuraduría para garantizar transparencia. CODALTEC actúa como intermediaria estatal desde el primer trimestre de 2025, mientras que el grupo de drones depende directamente del despacho del ministro, asesorado por el coronel Luis Antonio Gelves.
Negación rotunda de irregularidades
Pedro Sánchez rechazó las acusaciones del reportaje de El Colombiano, que señalaba presuntos nexos entre la empresa Force Improvement LLC, vinculada a Camilo Benedetti —quien tuvo contratos con las Fuerzas Militares hasta finales de 2021— y el sistema turco Tolga. El ministro insistió en que se han explorado opciones en mercados de Turquía, Qatar, República Checa, Estados Unidos y Europa, sin direccionamiento alguno.
«Es falso que haya intereses externos en la estructuración del contrato. Ninguna persona ajena al Ministerio de Defensa está participando en la estructuración de este contrato».
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Asimismo, Sánchez destacó la invitación a los organismos de control para supervisar los estudios previos y de mercado, afirmando que han actuado con total transparencia. La viceministra Angélica Verbel aclaró que las reuniones con actores del sector público y privado son rutinarias y no implican compromisos, recordando que la información sobre el Escudo Nacional Antidrones tiene reserva legal.
«Hemos invitado a la Contraloría y a la Procuraduría para que acompañen este proceso, que está hasta ahora en la etapa de desarrollo de los estudios previos, del estudio de mercado; está en la fase precontractual, conociendo qué opciones hay en el mercado».
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa
Descargos de los empresarios implicados
Camilo Benedetti, empresario y hermano del ministro del Interior, se desligó por completo del proceso contractual. Por su parte, Carlos Alberto Dada negó cualquier promoción de la sociedad turca involucrada y afirmó no conocer sus actividades ni procesos relacionados. Estas declaraciones buscan disipar dudas sobre posibles influencias externas en un proyecto clave para la seguridad nacional.
«No tengo absolutamente nada que ver con ese proceso».
Camilo Benedetti, empresario
«No promuevo esa sociedad (la de los turcos), no conozco a qué se dedica, no sé en qué procesos está».
Carlos Alberto Dada, empresario
El proceso continúa en la etapa de análisis técnico y estudios de mercado, bajo estricta vigilancia de los entes de control, en un esfuerzo por contrarrestar la escalada de violencia drone que amenaza la estabilidad del país.
