El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó rotundamente este martes que la salida del general Erick Rodríguez del servicio activo del Ejército Nacional constituya una represalia por las denuncias que este presentó sobre el control social que ejercen grupos armados ilegales en zonas rurales del Meta. En un pronunciamiento oficial, el jefe de la cartera de defensa aseguró que los uniformados cuentan con el respaldo total de la institución y que la decisión, formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el propio Sánchez, responde exclusivamente a “necesidades del servicio” y a criterios de administración de personal.
La polémica se desató luego de que el general Rodríguez, quien ingresó al Ejército a los 16 años y acumuló una carrera de 35 años, expusiera en un consejo extraordinario de seguridad informes de inteligencia que detallan cómo disidencias de alias Iván Mordisco y “Calarcá” implementan mecanismos de control social en comunidades rurales del Meta, incluyendo carnetización, imposición de fondos comunes, condicionamiento electoral y sanciones que derivan en desplazamientos forzados. Las declaraciones del alto oficial generaron un intenso debate político y administrativo sobre el alcance de la información revelada, en un contexto donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 013-25 sobre riesgos en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.
Ministro defiende la legalidad del retiro
En su declaración, el ministro Sánchez enfatizó que “las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”. Agregó que denunciar delitos “no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública”, y aseguró que “nuestros militares y policías tienen el respaldo para actuar con honor, transparencia y apego a la Constitución y la ley”.
“Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, incluida la obligación de denunciar conductas que afecten la seguridad, el orden público o la integridad institucional”.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Por su parte, el general Erick Rodríguez, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, agradeció al “Todopoderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los 16 años de edad”. El oficial, quien se desempeñó como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, comandante de la Primera División del Ejército, jefe de Operaciones, segundo comandante del Ejército Nacional y subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, también expresó su gratitud a los soldados y manifestó su disposición a “volver a recorrer el camino militar”. Su formación académica incluye Ciencias Militares, Administración de Empresas y especializaciones en política y seguridad internacional cursadas en la Universidad Externado de Colombia, el King’s College London y el Royal College of Defence Studies del Reino Unido.
El decreto de retiro fue firmado el martes 9 de junio, y aunque el ministro Sánchez insiste en que se trata de una medida administrativa habitual, la coincidencia temporal con la presentación de los informes de inteligencia ha alimentado las sospechas de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que ven en la salida del general un posible castigo por haber visibilizado la grave situación de control territorial que ejercen los grupos armados en la región del Meta. La Alerta Temprana 013-25, emitida por la Defensoría del Pueblo, ya advertía sobre los riesgos para la población civil en esa zona, lo que añade un elemento de urgencia a las denuncias de Rodríguez y al debate sobre la transparencia en el manejo de la información de inteligencia militar.
