En un tenso debate realizado el 10 de diciembre en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica las acusaciones de varios congresistas, entre ellos la representante Katherine Miranda, sobre presuntos falsos positivos en operativos militares recientes. Sánchez defendió las acciones de las Fuerzas Armadas, particularmente del brigadier general Walther Giraldo, y detalló los mecanismos de control y verificación implementados en las operaciones, subrayando la revisión judicial de cada caso para garantizar transparencia y legalidad.
Las denuncias se centran en incidentes ocurridos en Ituango, Antioquia, el 17 de diciembre de 2024; en la vereda Paquita, el 15 de diciembre de 2024; y en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta, el 29 de noviembre. Congresistas elevaron la cifra a 54 menores fallecidos en bombardeos y combates, alegando posibles ejecuciones extrajudiciales, lo que ha generado un amplio debate sobre la actuación militar en zonas de conflicto.
Detalles de los casos bajo escrutinio
En la vereda Paquita, John Byron Londoño Gutiérrez fue retenido, golpeado y posteriormente reportado como integrante de un grupo armado tras la muerte de un soldado, según las acusaciones. Por su parte, en la vereda San Isidro, la muerte de una persona fue calificada como la de un disidente, aunque habitantes locales afirman que se trataba de un campesino sin antecedentes penales. El caso de Ituango cuenta con un expediente en la Fiscalía bajo el número 22, en proceso de análisis judicial, mientras el Gobierno insiste en que no tolerará irregularidades y aplicará sanciones si se prueban falsos positivos.
«asesino de niños»
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, rechazando la calificación sobre el brigadier general Walther Giraldo
El debate no solo revisó estas operaciones específicas, sino que también defendió el honor de los comandantes militares frente a señalamientos divulgados por congresistas. Fuentes como Revista Semana y Colprensa han cubierto ampliamente estas acusaciones, destacando la necesidad de equilibrar la lucha contra el terrorismo con el respeto a los derechos humanos en un contexto de creciente escrutinio público sobre las Fuerzas Armadas.
