El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció una nueva declaratoria de emergencia económica debido a las fuertes lluvias que azotan el departamento de Córdoba y otras regiones de Colombia, medida que incluirá, mediante un decreto posterior, la imposición de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Esta iniciativa busca atender las necesidades generadas por la coyuntura climática, pero ya genera controversia en el sector empresarial.
Ávila explicó que esta es la decisión subsiguiente a la declaratoria de emergencia, estableciendo el impuesto sobre patrimonios significativos sin considerar utilidades o pérdidas de las empresas, lo que podría complicar su capacidad para mantener recursos en el país y frenar el desarrollo económico.
Impacto estimado en las grandes empresas
Según análisis de Blu Radio, la tarifa marginal sería del 0,6% para patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos, y del 1,2% para aquellos superiores a 30.000 millones. Grandes conglomerados enfrentarían pagos sustanciales: Grupo Aval, con un patrimonio de 18,4 billones, aportaría alrededor de 220.000 millones; Banco de Bogotá, con 17,4 billones, unos 210.000 millones; Bancolombia, con 42 billones, más de 500.000 millones; Davivienda, con 16,5 billones, cerca de 200.000 millones; Nutresa, con 6,6 billones, unos 80.000 millones; Grupo Éxito, con 6,8 billones, alrededor de 82.000 millones; Terpel, con 3,34 billones, cerca de 40.000 millones; y Totto, con 202.000 millones, unos 2.200 millones. Estas cifras afectan a empresas con patrimonios elevados independientemente de sus resultados financieros.
Alarma en el sector privado
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, advirtió que esta medida equivale a un impuesto a la inversión y a la decisión de las empresas de mantener recursos en Colombia para impulsar el desarrollo del país.
«Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país».
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Mac Master criticó que se suma a la reforma tributaria de 2022 impulsada por José Antonio Ocampo, así como a impuestos al uso de energía, decisiones laborales, actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y una estigmatización general del sector empresarial, argumentando que atacar a las empresas es atacar el empleo y las oportunidades de generación de trabajo.
«Se suma a las tributarias de la reforma 2022 de José Antonio Ocampo, a las decisiones de impuestos al uso de energía, a las decisiones en materia laboral, a las actuaciones de la SIC, a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones en contra de la actividad empresarial».
Bruce Mac Master, presidente de Andi
«Atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades».
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Por su parte, el ministro Ávila defendió la medida al indicar que responde directamente a la emergencia por lluvias.
«Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
El anuncio reaviva el debate sobre la carga tributaria en Colombia, en un contexto donde el sector privado urge por políticas que fomenten la inversión en lugar de desincentivarla, mientras el Gobierno prioriza la atención a desastres naturales.
