El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció su retiro de la junta directiva del Banco de la República después de que esta entidad elevó la tasa de interés en 100 puntos básicos, pasando del 10,25% al 11,25%, el pasado 31 de marzo de 2026. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, calificó la decisión como irresponsable y declaró que no asistirá a futuras sesiones de la junta, a pesar de la exigencia constitucional que lo obliga a formar parte de este organismo colegiado.
Este movimiento sin precedentes en la historia institucional de Colombia representa un desafío directo a la tradición que rige el banco emisor, donde la junta directiva está compuesta por siete miembros obligatorios según el artículo 372 de la Constitución Política. Ávila hizo el anuncio de manera pública, argumentando que la alza de la tasa, que no alcanzaba el 11% desde octubre de 2022, perjudica la economía nacional, aunque la junta podría continuar sesionando con el quórum restante de sus integrantes.
Graves implicaciones legales y disciplinarias
La ausencia del ministro rompe el canal oficial de comunicación entre el Gobierno y el Banco de la República, lo que podría desencadenar una serie de consecuencias jurídicas. La Procuraduría General de la Nación podría iniciar una investigación disciplinaria que derive en destitución e inhabilidad, mientras que se vislumbra la posibilidad de una acción de cumplimiento, cargos por prevaricato por omisión con penas de prisión entre 32 y 90 meses e inhabilidad de 10 a 20 años, o incluso arresto de hasta seis meses por desacato. Además, el Congreso podría tramitar una moción de censura contra Ávila, en un contexto donde su participación en la junta no es discrecional, sino un mandato expreso del artículo 372 de la Constitución y la Ley 31 de 1992, que lo obliga a integrar el cuerpo y presidir sus sesiones.
“irresponsable”
Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público
Esta decisión del Gobierno Petro profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y el banco central, en un momento crítico para la política monetaria del país, y pone en jaque la estabilidad institucional al priorizar el desacuerdo sobre el cumplimiento normativo, dejando abierta la puerta a un reordenamiento de las dinámicas de poder económico en Colombia.
