El gobierno del presidente Gustavo Petro convocó este lunes 23 de febrero de 2026 a los presidentes de los principales bancos de Colombia a una reunión en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, liderada por el ministro Germán Ávila, para analizar un decreto sobre inversiones forzosas y su impacto en la distribución de fondos hacia la producción. Al encuentro asistirán figuras clave del sector financiero como María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Juan Carlos Mora Uribe, de Bancolombia; Javier Suárez, de Davivienda; Diego Fernando Prieto Rivera, del Banco Caja Social; Alexandra Restrepo García, de Finagro; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y César Ferrari, superintendente financiero. La cita, programada para las 3:00 de la tarde, busca notificar el contenido del decreto y discutir su fecha de expedición, en un esfuerzo por canalizar recursos bancarios hacia la producción de alimentos y el crédito productivo amid la crisis ambiental y la emergencia económica.
Este encuentro se da en medio de un debate intenso sobre el impacto de las inversiones forzosas en la economía y el sistema financiero, donde el gobierno prioriza créditos con tasas compensadas en regiones afectadas por la crisis ambiental. Datos recientes muestran un crecimiento del 20% en los desembolsos para sectores priorizados, con 38.000 operaciones diarias en estas áreas, y un avance del 90% en el programa “Pacto por el Crédito” a solo un mes de su finalización. Sin embargo, el sector financiero argumenta que existe un dinamismo actual sin necesidad de imposiciones y advierte sobre riesgos de represión financiera y encarecimiento del crédito.
Declaraciones y tensiones en el sector
El presidente Petro ha sido contundente en sus críticas al sector bancario, afirmando que la banca privada no cumplió con desplazar recursos hacia la producción agrícola, optando por el crédito de consumo y sacando dinero del país, e incluso oponiéndose a su repatriación. Además, ha recordado que la inversión forzosa es ley desde 1962 y no afecta directamente a los ahorradores, quienes desconocen el destino de sus depósitos en manos de los banqueros. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha enfatizado que, en medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el agropecuario, es clave separar datos de narrativas, destacando que Colombia cuenta desde hace 36 años con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que protegen la producción de alimentos como actividad estatal prioritaria.
“la banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país y ahora, incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“la inversión forzosa es ley desde 1962, y no toca a los ahorradores. Jamás un ahorrador sabe qué hacen los banqueros con su ahorro”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, conviene separar los datos de la narrativa. Desde hace 36 años, Colombia cuenta con un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado”
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La controversia se agudiza con posturas como la de Jonathan Malagón, quien calificó la medida como un instrumento de “represión financiera”, y una carta enviada por seis exministros de Hacienda proponiendo alternativas como garantías estatales y subsidios a tasas. Existe preocupación en el sector por el posible uso de estos recursos en deuda pública o gastos estatales en vez de crédito productivo. Fuentes como La FM, El Tiempo, Valora Analitik y la Superintendencia Financiera han cubierto ampliamente este pulso entre gobierno y banca, que podría redefinir el flujo de capitales en Colombia.
