Ministro Ávila critica a Aval por $400 mil millones inmovilizados en Mulaló-Loboguerrero, Valle del Cauca

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En una conferencia de prensa celebrada el martes 30 de diciembre, el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, lanzó duras críticas contra el Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por inmovilizar fondos en el proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, que permanece estancado desde hace más de una década debido a obstáculos ambientales y sociales. Ávila cuestionó el manejo de 400.000 millones de pesos colocados en una fiduciaria, los cuales solo se utilizaron en preinversión para la compra de terrenos por 28.000 millones, estudios por 60.000 millones y gastos administrativos por 90.000 millones, mientras la concesionaria exige una compensación de 1,4 billones de pesos al Estado. En el mismo evento, donde informó sobre nuevas medidas fiscales ante la emergencia económica derivada del fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso y el desequilibrio en las finanzas públicas, el ministro anunció la modificación del impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral de más de 3.600 millones a alrededor de 2.000 millones de pesos, lo que afectará a 0,8 por ciento de la población y a unos 2.000 contribuyentes, con una recaudación esperada cercana a los 1,7 billones de pesos.

El proyecto Mulaló-Loboguerrero, clave para la infraestructura vial del país, ha sido paralizado por condiciones contractuales consideradas honerosas y leoninas por el Gobierno, que ahora analiza reducir fondos del Presupuesto Nacional a obras prioritarias para reasignar recursos. Ávila enfatizó que los fondos inmovilizados benefician la estructura financiera del Grupo Aval, en lugar de avanzar en una vía esencial para el desarrollo nacional, y urgió a sus negociadores a responder de manera razonable para liberar esos recursos que el Estado colombiano necesita con urgencia.

Críticas directas al Grupo Aval y llamado a la negociación

Durante su intervención, el ministro detalló cómo los 400.000 millones de pesos en preinversión han quedado estancados en la fiduciaria para generar rentabilidad a la estructura financiera del conglomerado, sin avanzar en la ejecución real del proyecto pese a los gastos ya realizados.

“Allí lo que ha sucedido es que se colocaron los recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera, ellos colocaron $400.000 millones de preinversión que se utilizaron exclusivamente para compra de terrenos por $28.000 millones y unos estudios por $60.000 millones y una inversión en gastos administrativos por $90.000 millones”

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Ávila fue aún más contundente al calificar de injusto y absurdo que el país negocie bajo tales términos con un grupo que se ha beneficiado ampliamente de la inversión pública y su aparato financiero, en el marco de la administración de Gustavo Petro, que evalúa un acuerdo para destrabar los recursos.

“Ese es el mensaje para el Grupo Aval y sus negociadores, es injusto y absurdo para el país estar negociando unas condiciones contractuales tan honerosas, tan leoninas, para un grupo que se ha beneficiado de la inversión pública como de su aparato financiero (…). Si estos temas los resolvemos de una manera adecuada y razonable para el Gobierno y para el Estado colombiano estamos garantizando los recursos que necesita el país. Esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval»

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Las nuevas cargas tributarias, justificadas por la reducción en la recaudación y el desequilibrio fiscal, buscan que un pequeño porcentaje de la población con mayor capacidad contributiva asuma un esfuerzo adicional.

“Esto representa pedirle a 0,8 por ciento, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1,7 billones de pesos”

Germán Ávila, ministro de Hacienda

Con estas medidas, el Gobierno pretende estabilizar las finanzas públicas y avanzar en proyectos estratégicos, mientras presiona por una resolución negociada que evite mayores perjuicios al erario nacional y reactive la conectividad vial en regiones clave como el Valle del Cauca.

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