El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lanzó una dura crítica contra el Congreso de la República y las altas cortes al asegurar que entre ambos poderes bloquearon ingresos por 61,9 billones de pesos, generando una asfixia económica que afectó al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante el balance de cierre de su gestión y en medio del proceso de empalme con el nuevo gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella, el jefe de la cartera fiscal señaló que la ausencia de esos recursos redujo el margen para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas.
De acuerdo con la denuncia del funcionario, la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la reforma tributaria de 2022, mientras que el Congreso rechazó dos proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo. Esa combinación de decisiones legislativas y judiciales impidió que el Estado colombiano percibiera los 61,9 billones de pesos que había proyectado, lo que derivó en un déficit fiscal que para 2025 alcanzó el 6,4 por ciento del Producto Interno Bruto.
Defensa de los indicadores macroeconómicos
Frente a las críticas sobre el manejo de la deuda pública, el ministro Ávila desmintió las versiones de un crecimiento descontrolado y presentó cifras para respaldar su gestión. Según explicó, la deuda creció un 43,97 por ciento entre 2022 y 2026, un incremento significativamente inferior al 76,97 por ciento registrado durante el cuatrienio de Iván Duque. Además, destacó que el indicador de deuda se estabilizó en 57,9 por ciento del PIB, mientras que el costo de los intereses de la deuda externa se redujo de 47.000 millones de dólares en enero de 2025 a 30.000 millones de dólares en abril de 2026.
En su balance, Ávila también calificó como “desacertadas” las cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que había anticipado un déficit de 7,1 por ciento y una deuda neta de 61,4 por ciento. El ministro insistió en que las proyecciones del Carf no se ajustaban a la realidad de las finanzas públicas y defendió los resultados macroeconómicos alcanzados por su administración.
Una nueva ley de financiamiento para corregir el rumbo
Con el objetivo de corregir el desequilibrio estructural de los ingresos, el ministro anunció la radicación de una nueva ley de financiamiento el próximo 20 de julio. La iniciativa, que tendrá un carácter progresivo, busca recaudar 21,8 billones de pesos en 2027 y hasta 37 billones en 2030. El funcionario explicó que el proyecto se enfocará en los mayores patrimonios con el fin de proteger a las clases media y baja del país.
A pesar del faltante de recursos, Ávila reconoció que el gasto público presenta una fuerte rigidez, con obligaciones que ya están comprometidas. Para 2026, el 93,7 por ciento del presupuesto está destinado a rubros inflexibles: los intereses de la deuda representan el 18,4 por ciento y las pensiones el 15,3 por ciento. Ese panorama obliga al nuevo gobierno a buscar alternativas que permitan generar ingresos sin afectar a la población más vulnerable.
