Un fuerte cruce verbal se registró durante una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 12 de noviembre, cuando el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado Gustavo Salazar protagonizaron un tenso intercambio que puso en evidencia las fricciones entre el Gobierno nacional y el tribunal de paz. La discusión surgió en el marco de una sesión convocada para abordar las garantías de seguridad y la articulación institucional para los comparecientes ante la JEP, a una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
El momento más álgido se produjo cuando el ministro Ordóñez comenzó a cuestionar la legitimidad del tribunal, argumentando que la JEP enfrenta el desafío de demostrar resultados, transparencia y una efectiva reparación a las víctimas. Ante estas afirmaciones, el magistrado Gustavo Salazar interrumpió al funcionario para pedirle que se ciñera estrictamente al orden del día de la audiencia. «No vinimos a discutir la legitimidad de la JEP», espetó Salazar, visiblemente molesto, mientras Ordóñez le replicó: «Usted no me ha dejado terminar». La tensión escaló rápidamente, pero la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra intervino para calmar los ánimos, recordando a los asistentes los límites fijados para la sesión y que las citaciones y cuestionarios previos se referían exclusivamente al seguimiento de decisiones y a la articulación institucional en materia de seguridad.
Gobierno priorizará seguridad, pero con filtros rigurosos
Una vez restablecido el orden, el ministro Ordóñez continuó su intervención, centrándose en el tema central de la audiencia. Afirmó que la protección para los comparecientes es una prioridad para el Gobierno nacional, aunque con importantes matices. «La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución», puntualizó el ministro, quien agregó que desde su cartera se dará prioridad a las medidas de seguridad para aquellos que han cometido los más graves crímenes, pero siempre que cumplan con sus obligaciones legales. Ordóñez fue enfático al señalar que, así sea con sanciones de carácter simbólico, el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP debe ser riguroso. «Estamos dispuestos a coordinar los esfuerzos gubernamentales y territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad que permitan que los victimarios realicen las actividades comunitarias que se les han impuesto», declaró.
«La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución. Desde el Ministerio, en nuestra función de articulación y en el marco de las políticas que son de nuestra competencia, vamos señores magistrados a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para los perpetradores de los más graves violaciones de derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario paguen por sus delitos»
Alejandro Ordóñez, ministro del Interior
El jefe de la cartera política también adelantó que fortalecerá los filtros y estudios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para determinar con mayor precisión quiénes necesitan esquemas de seguridad, y anunció su intención de aumentar las sanciones por irregularidades en la entrega de estos esquemas. La magistrada Reinere Jaramillo, por su parte, recordó a los presentes que la audiencia tenía un objetivo específico: dar seguimiento a las decisiones de seguridad para los comparecientes, un contexto que, pese al intenso cruce verbal inicial, logró retomar su cauce institucional.
