El Ministerio de Justicia y del Derecho, bajo la firma de su titular Iván Alfonso Cancino González, remitió el pasado lunes 19 de octubre de 2026 una solicitud formal a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para que se profundice la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá en junio de 2025 y que le causó la muerte dos meses después. La petición busca que se identifique a los determinadores, financiadores y coordinadores del crimen, a partir de nuevas revelaciones públicas que han señalado a posibles responsables intelectuales aún no procesados.
El atentado contra el senador Uribe Turbay se registró el 7 de junio de 2025 en la capital del país, y su fallecimiento se produjo el 11 de agosto del mismo año, luego de permanecer varios días en cuidados intensivos. La Fiscalía ha judicializado a los ejecutores materiales del magnicidio y ha mencionado la posible participación de integrantes de la Segunda Marquetalia, pero el caso no se considera esclarecido en su totalidad. La viuda del senador, María Claudia Tarazona, divulgó el 15 de octubre de 2026 una serie de mensajes en los que se menciona al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, y una supuesta orden proveniente del Senado, lo que desencadenó la solicitud del Ministerio. Además, el 18 de octubre de 2026, el diario El Tiempo publicó una entrevista a Tarazona en la que amplió esos señalamientos, incluyendo el nombre de Enrique Marulanda, presentado como presunto hijo del fallecido líder de las FARC, alias Tirofijo, a quien la viuda señaló como posible coordinador material del atentado.
Los alcances de la solicitud y el fuero de Albán Urbano
En la carta oficial, el ministro Cancino González pide a la Fiscalía rastrear contactos, pagos, comunicaciones y la procedencia de los recursos que habrían financiado el magnicidio, así como evaluar un posible apoyo desde Venezuela mediante cooperación judicial. También se solicita revisar la autenticidad de los mensajes aportados por Tarazona, incluyendo metadatos, remitentes y cronología, para evitar que versiones periodísticas se conviertan en sentencias. El documento subraya que el objetivo no es prejuzgar, sino verificar cada dato, y solicita incorporar declaraciones de procesados o condenados que puedan aportar información sobre superiores, determinadores o financiadores. Además, pide reforzar la protección de testigos, fuentes e investigadores, y preservar los elementos probatorios.
Uno de los puntos más delicados de la solicitud se refiere a Luis Alberto Albán Urbano, quien se desempeñó como representante a la Cámara desde 2022 hasta el 20 de julio de 2026, fecha en que finalizó su período legislativo. El Ministerio aclara que no le corresponde decidir sobre la competencia del fuero, pero pide que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evalúe asumir el caso, teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 235 de la Constitución permite extender el fuero a congresistas que hayan dejado el cargo si el delito está relacionado con sus funciones. Mientras tanto, la Fiscalía no debe interrumpir las diligencias urgentes que ya adelanta, incluyendo actuaciones de policía judicial sobre algunas comunicaciones aportadas por Tarazona, entre ellas un correo electrónico enviado el 3 de septiembre.
“El objetivo no es que las versiones periodísticas se conviertan en sentencias”
Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho
El Ministerio también solicita investigar a Enrique Marulanda, a quien Tarazona vincula directamente con la planeación del crimen, así como los posibles nexos con alias John 40 y actividades de minería ilegal en los departamentos de Vaupés y Guainía. La Fiscalía ya había mencionado en ocasiones anteriores la posible participación de miembros de la Segunda Marquetalia, pero ahora el enfoque se amplía a una red de determinadores y financiadores que podrían haber operado desde el exterior. Tanto el partido Comunes como el propio Albán Urbano han rechazado los señalamientos, mientras el Ministerio insiste en la necesidad de que todas las hipótesis sean verificadas judicialmente sin caer en condenas anticipadas. La carta finaliza con un llamado a la cooperación internacional y a la preservación de las pruebas, en un caso que sigue generando conmoción en el país y que demanda respuestas sobre quiénes estuvieron detrás del magnicidio de un senador de la República.
