El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación una auditoría urgente sobre la asignación de 885.000 millones de pesos destinados a infraestructura sanitaria durante el gobierno de Gustavo Petro, tras detectar presuntas irregularidades en los trámites y desembolsos. Así lo informó la ministra Ana María Vesga, quien lideró una revisión interna de la nueva administración que evidenció graves falencias en la gestión de estos recursos aprobados entre el 1 y el 6 de agosto de 2026.
La revisión interna emprendida por el Ministerio encontró que la premura con la que se tramitaron estas asignaciones llevó a la omisión de procedimientos legales esenciales. Entre las irregularidades detectadas figuran recursos sin registro presupuestal al momento de la aprobación, desembolsos sin propuesta técnica, documentos radicados después de haber recibido el aval, obras sin estudios ni diseños previos y denuncias de funcionarios sobre presuntas presiones de directivos para acelerar los trámites administrativos. La ministra expresó que «la premura no justifica omitir la ley. Cada peso asignado debe explicarse», en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Millonarios recursos comprometidos sin las debidas garantías
Según el informe del Ministerio, de los 885.000 millones de pesos aprobados en esa semana de agosto, unos 403.000 millones carecían de registro presupuestal al momento de la aprobación, mientras que 57.000 millones se aprobaron sin propuesta técnica. Además, 45.000 millones corresponden a documentos radicados después de que se otorgara el aval. Estas cifras se suman a un panorama más amplio en el que se encontraron 4,8 billones de pesos comprometidos sin obligar a agosto de 2026. La ministra recalcó que «cada peso asignado debe explicarse, porque el dinero de la salud le pertenece a los colombianos y ese es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud y Protección Social».
«Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas»
Ana María Vesga, Ministra de Salud y Protección Social
La ministra también anunció que el Ministerio remitirá los expedientes completos a la Contraloría y la Procuraduría para que determinen las responsabilidades fiscales, disciplinarias o de otra naturaleza a que haya lugar. La solicitud de auditoría se produce después de que se detectaran, además, proyectos que habrían recibido desembolsos sin cumplir las metas establecidas, así como aprobaciones por montos superiores a los solicitados. Todas estas decisiones fueron expedidas en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, lo que ha generado un clima de cuestionamiento sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos de salud.
En un hecho adicional, el 26 de octubre de 2026 el Ministerio remitió a la Fiscalía General de la Nación documentos sobre presuntas irregularidades por 32.505 millones de pesos en asignaciones a hospitales públicos. Las resoluciones examinadas fueron expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de ese año, encontrándose también asignaciones pendientes de registro presupuestal por 33.635 millones de pesos en cinco resoluciones y un saldo de 1.129 millones de pesos en un certificado de disponibilidad presupuestal. En un video publicado en redes sociales, la ministra Vesga señaló que «corresponde a la Fiscalía valorar estas pruebas, investigar estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades. Este Ministerio entregará la información que requieran los organismos de control para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, reiterando su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos destinados a la salud».
