El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la gerencia de Inravisión revelaron una desviación de más de 7.255 millones de pesos que originalmente estaban destinados a educación y a la Vicepresidencia de la República, y que terminaron siendo canalizados hacia servicios digitales durante la administración de Hollman Morales, en pleno año electoral de 2026. La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, lidera la revisión de estas contrataciones, que involucran a las empresas 3D MOBILE 3DM SAS y Prowess SAS como principales beneficiarias.
Según la información preliminar, los fondos salieron de dos convenios marco: uno con el Ministerio de Educación, por 10.000 millones de pesos, de los cuales 6.362 millones se redirigieron a pauta, planes y contenido digital; y otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el convenio 390-2026 por 1.500 millones, del que 892 millones fueron asignados a servicios digitales. Los contratos se ejecutaron entre junio y agosto de 2026, coincidiendo con el periodo electoral presidencial que tuvo primera vuelta el 31 de mayo y segunda el 21 de junio, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la priorización del gasto público en un contexto de restricciones financieras.
Concentración de recursos en dos empresas
Las indagaciones señalan que la mayoría de los recursos se concentraron en dos compañías: Prowess SAS recibió 4.998 millones de pesos, mientras que 3D MOBILE 3DM SAS obtuvo 1.364 millones. Estas cifras representan una parte significativa de los 7.255 millones bajo revisión. La actividad contractual de Inravisión en 2026 fue especialmente intensa: la entidad suscribió más de 1.051 contratos por un valor global superior a 100.000 millones de pesos, y en apenas dos días, el 6 y 7 de agosto, se firmaron 87 contratos por casi 4.000 millones, lo que ha despertado alertas sobre la celeridad y transparencia de esas operaciones.
Los hallazgos son aún preliminares y no permiten concluir que los contratos hayan tenido fines electorales, según aclararon las autoridades. La respuesta definitiva dependerá de futuras indagaciones. Por ello, el Mintic e Inravisión solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para garantizar la transparencia del proceso. La denuncia pública señala que estos desembolsos se ejecutaron en detrimento de sectores clave como educación y la Vicepresidencia, en un momento en que el país enfrentaba restricciones financieras y un ambiente electoral polarizado.
