El Ministerio del Trabajo ha denunciado 65 casos de presunto constreñimiento electoral en empresas de distintas regiones del país y los ha remitido a la autoridad judicial, a pocos días de la jornada presidencial del 21 de junio. La cartera laboral, bajo la dirección del ministro Antonio Sanguino, activó una serie de medidas preventivas para garantizar que el derecho al sufragio de los trabajadores no sea vulnerado por presiones, impedimentos o represalias en el entorno laboral durante la recta final de la campaña presidencial de 2026.
Estos 65 casos, que ya están en manos de la justicia, representan una primera oleada de denuncias recibidas por el ministerio. De manera paralela, el presidente Gustavo Petro advirtió en redes sociales que interferir en el voto puede acarrear consecuencias penales, y afirmó que al menos 400 empresas habrían sido objeto de reportes relacionados con presuntas presiones a sus empleados. La advertencia presidencial subraya la gravedad que el Gobierno le otorga a la protección de la libertad de voto en los espacios laborales.
Más de diez medidas preventivas y una circular para empleadores
Como parte de la respuesta a estas denuncias, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre las que se destaca una circular dirigida a todos los empleadores del país. En ella se recuerda que los trabajadores deben poder votar incluso si tienen turno laboral el día de las elecciones, sin sufrir represalias, controles indebidos o amenazas de ningún tipo. La entidad busca que los empleadores tengan claridad sobre los límites de su actuación durante la jornada electoral, dejando claro que el derecho fundamental al voto no puede quedar condicionado por horarios, turnos o instrucciones internas.
El anuncio se produce en un contexto de máxima vigilancia sobre posibles irregularidades que afecten la libertad de sufragio. La circular también advierte a los empleadores sobre la obligación de permitir que los trabajadores acudan a las urnas y regresen a sus labores sin obstáculos, reforzando el compromiso del Gobierno de asegurar que ningún trabajador vea coartado su derecho al voto por presiones empresariales.
