La representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó duramente la destitución del general Edwin Urrego Pedraza, excomandante de la Policía Metropolitana de Cali, y del coronel Óscar Miguel Moreno, conocidos como Óscar Moreno Arroyabe, por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, alegando que se trata de represalias políticas derivadas de la captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en julio de 2024, y la incautación de pruebas sobre presuntos vínculos entre el Gobierno y grupos criminales. Estos operativos, realizados en Cali, Barranquilla y el Cauca, generaron tensiones que, según Miranda, culminaron en las remociones de los oficiales sin un proceso judicial previo.
La controversia se intensificó tras un informe de la Dirección de Inteligencia Nacional basado en un correo anónimo que alertaba sobre un supuesto complot para introducir narcóticos en el vehículo presidencial antes de la reunión entre Petro y Donald Trump el 3 de febrero. Miranda denunció que el Gobierno utilizó esta información para sacar al general Urrego Pedraza, a pesar de que el abogado mencionado en el informe negó cualquier participación y acusó suplantación de identidad. Además, resaltó que Petro había condecorado previamente al coronel Moreno con la Cruz de Boyacá por su labor en el Cauca, lo que añade capas de inconsistencia a la decisión.
Cuestionamientos de Miranda y reacciones en las fuerzas públicas
En su intervención, la congresista expresó profundas dudas sobre la gestión gubernamental frente a estructuras criminales, preguntándose por qué no se ha bombardeado ninguna estructura de alias Calarcá, por qué circulan versiones de una supuesta coordinación entre el Gobierno y disidencias para golpear a alias Mordisco, y por qué en la última masacre se habló inicialmente de muertos en combate para luego ser reportados por Medicina Legal con tiros de gracia.
“El Gobierno sacó al general por un ‘anónimo’ que hablaba de un supuesto plan para entrampar al Presidente en EE. UU.”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
Las destituciones han generado inquietud en la Policía y las fuerzas armadas, con críticas de oficiales retirados y la oposición por apartar mandos basados en informes anónimos, mientras voces oficialistas defienden la medida como una acción de seguridad presidencial. El general Urrego Pedraza rechazó las acusaciones, calificándolas de “una cuenta de cobro política” y solicitando una investigación sobre el origen de la información.
“¿Por qué no se ha bombardeado ninguna estructura de alias Calarcá? ¿Por qué circulan versiones de una supuesta coordinación entre el gobierno y las disidencias para golpear a alias Mordisco? ¿Por qué en la última masacre primero hablaron de ‘muertos en combate’ y luego Medicina Legal reportó tiros de gracia?”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
“demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
La captura de alias Calarcá por los ahora destituidos oficiales no solo incautó evidencias de presuntos lazos gubernamentales con criminales, sino que expuso fisuras en la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Miranda concluyó enfatizando la necesidad de claridad en medio de este torbellino de eventos.
“Colombia necesita verdad, no silencios”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
