La representante a la Cámara Katherine Miranda reclamó públicamente la autoría de la proposición que establece el pago de salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para los internos de medicina a partir de 2026, al criticar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por atribuir este logro al Gobierno nacional. El reclamo se produjo en la red social X, donde Miranda respondió al anuncio del Ministerio de Salud que presentaba la medida como un compromiso del presidente Gustavo Petro, destacando que la iniciativa fue radicada el 15 de octubre de 2024 y promulgada en la Ley 2466 de 2025, como parte de la reforma laboral aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes.
En su mensaje, Miranda compartió una copia de la proposición que ella defendió en el Congreso con el respaldo de todas las bancadas, subrayando que el Gobierno ahora solo cumple con la ley. Esta medida beneficiará a más de 8.000 estudiantes de medicina que prestan servicios en hospitales y centros asistenciales del país, con un pago directo cubierto por la Administradora de los Recursos del SGSSS (ADRES) y una inversión superior a los 200.000 millones de pesos destinada por el Ejecutivo para dignificar su labor.
Polémica por la atribución del logro legislativo
El anuncio del Ministerio de Salud generó la inmediata reacción de Miranda, quien aspira a una curul en el Senado, al cuestionar la narrativa oficial que omite el origen parlamentario de la iniciativa. La ley, promulgada el 25 de junio de 2025, busca mejorar las condiciones de estos estudiantes, garantizando no solo el salario mínimo sino también su afiliación al SGSSS, en un contexto de reformas laborales impulsadas durante el gobierno de Petro.
«Mentirosos, mentirosos. El pago a los internos de Medicina no fue un regalo del Gobierno. Fue una proposición de mi autoría, presentada y defendida en el Congreso, con el respaldo de todas las bancadas. El Gobierno hoy solo cumple la ley»
Katherine Miranda, representante a la Cámara
Este episodio resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a la atribución de logros legislativos, especialmente en temas de salud y derechos laborales, mientras los internos de medicina esperan la implementación efectiva del beneficio desde 2026 en todo el territorio colombiano.
