La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela valoró la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pero advirtió que su legitimidad dependerá de un trámite transparente, inclusivo y centrado en las víctimas.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela acogió con cautela la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por parte de la Asamblea Nacional, y señaló que su impacto real estará condicionado a la existencia de garantías de transparencia, participación y respeto por los estándares internacionales de derechos humanos.
Alex Neve, experto y miembro de la Misión, indicó que la iniciativa representa una oportunidad para brindar justicia a personas detenidas por motivos políticos, pero recalcó que su legitimidad dependerá de un proceso transparente e inclusivo, plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos.
Aunque la Misión destacó que el texto del proyecto sea de acceso público, manifestó su preocupación por la ausencia de consultas públicas informadas, inclusivas y seguras. Neve insistió en que las voces de las personas cuyos derechos han sido vulnerados deben ocupar un lugar central en la discusión y aplicación de la ley.
Por su parte, la experta María Eloísa Quintero advirtió sobre el alcance limitado del proyecto, al considerar que existe el riesgo de que se excluya a numerosas personas perseguidas por razones políticas y que la norma no garantice, por sí sola, la restitución plena de sus derechos.
La Misión subrayó además la necesidad de que la ley incorpore mecanismos claros de implementación y de supervisión independiente. Quintero señaló que sería conveniente que los procesos de verificación judicial cuenten con la participación de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos, con el fin de evitar aplicaciones incompatibles con los estándares internacionales.
Finalmente, Neve hizo un llamado a que el proceso de liberación de personas detenidas por motivos políticos continúe sin interrupciones, en especial ante los reportes sobre el grave deterioro de la salud de algunos detenidos y casos de muertes bajo custodia. La Misión informó que mantendrá el seguimiento permanente a la evolución de este proceso.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 42/25, con el fin de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2014. Su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026 mediante la resolución 57/36.
