La Misión de Observación Electoral, MOE, presentó este 4 de noviembre de 2025 un informe en el que solicita al Consejo Nacional Electoral, CNE, definir con urgencia la personería jurídica del Pacto Histórico y aclarar el alcance jurídico de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, advirtiendo riesgos para la equidad de las elecciones de 2026. El documento, que abarca el periodo de observación de marzo a octubre de 2025 y hace énfasis en el periodo de violencia entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, subraya la necesidad de pronunciamientos institucionales claros y de que el marco normativo esté bien definido para evitar confusiones sobre la legalidad de candidaturas y la conformación de listas al Congreso, así como la concurrencia a las consultas presidenciales. Además, la MOE señala la opacidad en la financiación electoral y el proselitismo extemporáneo, y advierte sobre la importancia de la rendición de cuentas y la protección de líderes ante un contexto de vulnerabilidad institucional.
Entre los datos clave, la MOE identifica 42 cuentas activas de precandidaturas presidenciales identificadas entre marzo y octubre de 2025, y reporta un gasto en publicidad digital de 799.040.985 pesos, según la Biblioteca de Anuncios de Meta. También señala que el módulo público de Cuentas Claras estuvo inhabilitado al 3 de noviembre de 2025, lo que agrava la necesidad de transparencia y verificación de recursos. En materia de seguridad, el informe registra 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunitarios ocurridos entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025, de los cuales 136 afectaron directamente a líderes políticos y se registraron 6 secuestros. En cuanto a la distribución, el 49,1 por ciento de estos incidentes se concentraron en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá D.C., generando preocupación por la seguridad territorial y la protección de actores regionales. Ante estos antecedentes, la MOE reitera su crítica a la opacidad en la financiación de campañas y a los actos de proselitismo extemporáneo mientras destaca la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas y de fortalecimiento de la seguridad para el ejercicio de la política.
La MOE exige rapidez en pronunciamientos y refuerza la mirada sobre la seguridad y la financiación
El informe subraya que, para garantizar reglas claras de participación, la conformación de listas al Congreso y la concurrencia a las consultas presidenciales, es fundamental que el CNE emita pronunciamientos expeditos sobre la fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico y precise el marco jurídico de la consulta del 26 de octubre de 2025. En este marco, la MOE advierte que la falta de claridad puede generar inequidades y confusiones sobre la legalidad de candidaturas, lo cual podría afectar el equilibrio de la contienda electoral de 2026 y dificultar la rendición de cuentas y la protección de los líderes.
«resolver con prontitud estos asuntos evita que se generen inequidades y confusiones sobre la legalidad de las candidaturas, lo que podría afectar el equilibrio de la contienda electoral» – Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE
«Nos preocupa el deterioro de la seguridad en zonas rurales del país. Es fundamental acelerar la implementación territorial del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y fortalecer medidas de protección con enfoque diferencial» – Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE
Contextualmente, la MOE había advertido sobre opacidad en la financiación de campañas y actos de proselitismo extemporáneo y señaló, como antecedentes, la identificación de 42 cuentas de precandidaturas y la inhabilitación del módulo de Cuentas Claras al 3 de noviembre de 2025. La noticia, difundida por Colprensa y sustentada en datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta y en la verificación de recursos en Cuentas Claras, llega en un momento en que la organización busca que el CNE asuma una postura pública y contundente para evitar desequilibrios y posibles ventajas indebidas en el proceso electoral de 2026, al tiempo que se incrementa la presión por rendición de cuentas y por medidas de protección de liderazgo ante la violencia política.
