La Misión de Observación Electoral (MOE), liderada por su directora Alejandra Barrios, hizo un urgente llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que refuerce la prevención y sanción de la violencia política contra candidatas en Colombia, tras las recientes agresiones misóginas proferidas por el influencer Julio César González, conocido como ‘Matador’, en contra de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Este pronunciamiento se da en el marco del espacio público y político nacional, a través de un comunicado oficial de la MOE, que destaca la persistencia de este tipo de ataques pese a los avances legales en la materia.
El incidente con ‘Matador’, quien atacó el aspecto físico de la senadora, no es un caso aislado y revela un patrón de agresiones que busca excluir a las mujeres del debate político mediante violencia simbólica y psicológica. La MOE subraya la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídicos y sociales para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en la política colombiana, especialmente ante la cercanía de las elecciones de Congreso de 2026.
Desigualdades persistentes en las candidaturas
Las cifras presentadas por la MOE ilustran la brecha de género que aún domina el escenario electoral: para el Congreso de 2026, el 60 por ciento de los candidatos son hombres y el 40 por ciento mujeres, cifras idénticas a las de 2022. En la Cámara de Representantes, el número de candidatas bajó de 771 en 2022 a 742 en 2026, lo que representa una disminución del 4 por ciento. En cuanto al Senado, solo 6 de las 16 cabezas de lista son mujeres. Estos datos contrastan con normativas recientes como la Ley 2424 de 2024, que obliga a las listas con menos de cinco curules a incluir al menos una mujer, y que regirá por primera vez en las elecciones de 2026, junto con normas desde 2025 destinadas a prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
«En un estado democrático, las mujeres tienen que estar en el debate político. Buscar excluirlas a través del uso de violencia simbólica y psicológica que van dirigidas contra la condición humana, empobrece la conversación pública y refuerza los estereotipos de género.»
Alejandra Barrios, directora de la MOE
La MOE advierte que, a pesar de estos progresos legislativos, la problemática de la violencia misógina persiste y exige una acción inmediata del CNE para erradicar estos comportamientos que empobrecen la democracia y perpetúan estereotipos de género en el ámbito público colombiano.
