El jurista Moisés David Garvin Hernández, esposo de la abogada Sondra Macollins, quien representa a David Murcia Guzmán y aspira a la presidencia, ha exigido al candidato presidencial Abelardo de la Espriella que rectifique públicamente las declaraciones en las que lo acusa de ser contratista del Gobierno Petro, socio de los exfuncionarios Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, y beneficiario de contratos estatales por más de dos billones de pesos. Estas afirmaciones fueron realizadas por De la Espriella el 12 de febrero de 2026 durante entrevistas en medios de comunicación colombianos, en el marco de una disputa legal con su excliente Murcia Guzmán.
La misiva enviada por Garvin Hernández, revelada por Infobae Colombia, detalla que tales imputaciones surgieron en el contexto de una denuncia presentada en contra de De la Espriella relacionada con su representación pasada de Murcia Guzmán, donde Macollins actúa como defensora del último. Garvin Hernández cita afirmaciones específicas de De la Espriella sobre presuntas alianzas políticas y adjudicaciones millonarias, exigiendo no solo el reconocimiento público de su falsedad, sino también una rectificación en los mismos medios, redes sociales y espacios donde se hicieron las declaraciones, o en su defecto, la presentación de pruebas que respalden las vinculaciones.
Acusaciones sin respaldo y perjuicio a la honra
En el documento, Garvin Hernández enfatiza que las expresiones de De la Espriella exceden el ámbito del debate público legítimo y afectan derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la dignidad humana, protegidos por la Constitución. La disputa legal entre De la Espriella y Murcia Guzmán ha escalado tensiones, con las declaraciones del candidato presidencial interpretadas como un intento de desviar la atención de las denuncias en su contra, lo que ha motivado esta respuesta formal del jurista.
«Tales expresiones son falsas, inexactas y lesivas del buen nombre, la honra y la reputación personal y profesional, constituyendo afirmaciones de carácter injurioso que generan un grave perjuicio».
Moisés David Garvin Hernández, jurista
«Las imputaciones realizadas no se encuentran respaldadas por prueba alguna y exceden el ámbito del debate público legitimo, afectando derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, en especial el derecho al buen nombre, la honra y la dignidad humana».
Moisés David Garvin Hernández, jurista
Este intercambio pone de manifiesto las crecientes fricciones en el ambiente político y legal colombiano, donde acusaciones de corrupción y alianzas ocultas se entretejen con campañas presidenciales, obligando a figuras públicas a respaldar sus señalamientos o enfrentar consecuencias jurídicas por difamación.
