En la mañana del 24 de octubre, Eduardo Montealegre Lynett presentó su renuncia al Ministerio de Justicia de Colombia y, minutos después, difundió una carta pública en la que dirige acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez y diversas instituciones. La misiva se publicó poco después de su salida del cargo y se produce un día después de que anunciara un proyecto para convocar una asamblea constituyente, en un episodio que ya es objeto de atención mediática y análisis legal.
La carta, firmada por Montealegre como servidor público, plantea que su acción responde a la necesidad de recuperar la libertad ante lo que describe como impunidad y violencia ejercida por Uribe. Afirma que recurrirá a tribunales internacionales para clamar por el fin de esa impunidad y cita, en su marco discursivo, referencias al Tribunal Superior de Bogotá, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
Iván Cancino, abogado penalista, señaló que la carta podría acarrear consecuencias legales y que contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias.
El marco legal y las respuestas públicas
El caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión de quienes ejercen funciones públicas y las posibles responsabilidades penales y disciplinarias ante declaraciones de alto impacto. La cobertura inicial, atribuida a Colprensa, destaca las declaraciones de Cancino y la posibilidad de una investigación por injuria y calumnia, además de poner en relieve las referencias a instituciones como el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
«La carta que presenta el ministro de justicia la hace aún como servidor público ! Debe tener consecuencias . Contiene afirmaciones que pueden ser tanto injuriosas como calumnias» – Iván Cancino, Abogado penalista
«profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez» – Eduardo Montealegre Lynett, exministro de Justicia
«Uribe es el amo de la justicia, y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré» – Eduardo Montealegre Lynett, exministro de Justicia
«un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia» – Eduardo Montealegre Lynett, exministro de Justicia
«de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia» – Eduardo Montealegre Lynett, exministro de Justicia
En conjunto, este episodio no solo redefine la trayectoria pública de Montealegre Lynett, sino que abre un debate persistente sobre si las declaraciones hechas en el ejercicio de funciones oficiales pueden o deben recibir algún tipo de sanción cuando implican acusaciones tan contundentes contra figuras de alto perfil y contra instituciones del Estado. Con Colprensa como fuente principal y con las respuestas de especialistas como Cancino, el asunto podría desencadenar un proceso de revisión penal o disciplinaria y propiciar un análisis más profundo sobre los límites éticos y legales de la libertad de expresión en cargos públicos. El escrutinio público, en este momento, se concentra en las consecuencias posibles para Montealegre y en la respuesta de las instituciones señaladas, en un contexto marcado por el clima político y judicial del país.
