En Montería, Córdoba, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito dictó una sanción por incidente de desacato contra Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que incluye cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por no entregar información sobre convenios entre el Ministerio y el PNUD para La Mojana. La decisión se originó a partir de una solicitud de derecho de petición presentada el 7 de julio de 2025 por Manuel Navarro Manchego y culminó con la tutela emitida el 29 de agosto de 2025, la cual ordenó responder en 48 horas; el caso fue remitido al Tribunal Superior de Montería para su revisión, y este 9 de noviembre de 2025 el Ministerio publicó un comunicado oficial aclarando el estatus de la sanción y su revisión por el superior funcional.
La sanción, según el fallo, se enmarca en el grado de consulta conforme al Decreto 2591 de 1991, lo que significa que no está en firme y debe ser evaluada por el superior funcional. En dicha revisión se verificará la existencia del cumplimiento y la proporcionalidad de la medida, elementos que permiten prever que la sanción sea revocada. La decisión detalla además que el arresto corresponde a cinco días y la multa asciende a cinco salarios mínimos legales vigentes, monto que también ha sido descrito como superior a siete millones de pesos. El plazo para el pago es de diez días siguientes a la ejecutoria de la decisión y la operación debe hacerse en la cuenta del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS, número de convenio 13474, con el identificador CUN 4 3-0820-000640-8; de no cancelarse oportunamente, se procederá al cobro coactivo por el ente competente. El caso ya fue remitido al Tribunal Superior de Montería para su revisión, y la controversia está relacionada con convenios entre el Ministerio y el PNUD en La Mojana, ubicada en la ecorregión de la Depresión Momposina, Caribe colombiano.
La sanción no está en firme y será revisada por el superior funcional
«Conforme al Decreto 2591 de 1991, la sanción se encuentra en grado jurisdiccional de consulta, lo que significa que no está en firme y deberá ser evaluada por el superior funcional. En dicha revisión se verificará la existencia del cumplimiento y la proporcionalidad de la medida, elementos que permiten prever que la sanción sea revocada», señaló un vocero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
«Dicho requerimiento fue atendido plenamente y dentro de los tiempos ordenados por la autoridad judicial. El Ministerio ya había remitido la respuesta al ciudadano de manera completa y enviado al juzgado los soportes y certificaciones de envío correspondientes al día en que se notificó la decisión que impone la sanción», agregaron.
«La sanción de multa impuesta deberá consignarse en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia denominada CSJ-MULTAS y SUS RENDIMIENTOS ‘CUN 4 3-0820-000640-8 número de convenio 13474 dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión y de no cancelarse oportunamente, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente», se lee en la decisión.
El contexto del caso recuerda que se trata de un incidente de desacato por no responder a una solicitud de información sobre convenios entre el Ministerio y el PNUD para La Mojana, en la Depresión Momposina, Caribe colombiano. Aunque la sanción no está en firme, la revisión por el superior funcional podría derivar en la revocación de la medida, lo que tendría posibles efectos administrativos sobre la gestión de las solicitudes ciudadanas y la transparencia institucional. En este marco, la noticia llega con particular relevancia para el seguimiento de la transparencia gubernamental y la interacción entre el poder judicial y las autoridades ambientales en una región signada por la vulnerabilidad ambiental y social de La Mojana.
