Más de un centenar de egresados de los programas de posgrado del Instituto Caro y Cuervo (ICC) enviaron una carta formal al director de la entidad, Sergio Esteban Vélez, para exigir explicaciones por el manejo que se le ha dado a las redes sociales oficiales de la institución, luego de que allí se difundieran opiniones personales sobre dos importantes figuras de la literatura colombiana. La misiva, fechada el 2 de octubre, fue suscrita por más de 100 profesionales que se identifican no solo como exalumnos, sino también como ciudadanos contribuyentes que sostienen el funcionamiento de las entidades estatales.
El origen de la controversia se remonta a la publicación de dos videos en los canales oficiales del ICC. El primero de ellos, difundido con motivo de los 50 años de la muerte del escritor Gonzalo Arango, fundador del movimiento nadaísta, contenía afirmaciones del director en las que aseguraba que Arango comprendió que «la verdadera y única revolución no se hace en la barricada, ni con el odio de clases, sino en las honduras de la conciencia individual». Pocos días después, el 29 de septiembre, y con ocasión de los 75 años del nacimiento del caleño Andrés Caicedo, se publicó otro video en el que se describía al autor como «consumido por sus propios demonios, atrapado en el laberinto de las drogas y devorado por una rebeldía extrema». Estas piezas audiovisuales desataron una ola de críticas en las plataformas digitales y provocaron la reacción pública de la escritora Margarita Posada.
Una exigencia de carácter institucional
En la carta, los egresados argumentan que el uso de los medios oficiales para manifestar apreciaciones subjetivas compromete la naturaleza pública de la entidad. «Consideramos que las redes sociales, así como todos los canales de comunicación del ICC, tienen un carácter público», señala el documento, en el que también se subraya que la misión principal del Instituto, que cumplió 84 años de historia dedicada a salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario de Colombia, no puede verse opacada por posturas personales. Los firmantes recuerdan que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, establece la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, un principio que consideran aplicable al tratamiento de las expresiones culturales.
El debate además evidenció un cruce de posturas sobre cómo abordar las biografías de los escritores. En una intervención en Caracol Radio, Margarita Posada defendió la necesidad de no trivializar las tragedias personales de los autores: «Yo no lo romantizo, pero tampoco hablo del síntoma más grave de cualquier trastorno mental, como lo es el suicidio, como si fuera una escogencia de una persona», afirmó, al tiempo que insistió en que «el patrimonio lingüístico y literario del país no es una cuestión de bandos políticos». Estas declaraciones encontraron eco en la petición de los egresados, quienes solicitan a la dirección que, antes de emitir cualquier comunicado público, se consideren las distintas interpretaciones existentes sobre los autores y se tenga en cuenta el trabajo académico que realizan los investigadores y docentes del propio Instituto.
«La función de una institución como el ICC no es dogmatizar o validar una única interpretación, sino dar cuenta de su diversidad»
Carta de egresados al Instituto Caro y Cuervo
La situación ha puesto nuevamente en el centro del debate el papel de las instituciones culturales estatales frente a la crítica literaria y la libertad de expresión. Mientras los egresados esperan una respuesta formal por parte del director Vélez, la discusión trasciende a la comunidad académica y se instala en la opinión pública, que observa con atención el desenlace de este llamado de atención. El Instituto Caro y Cuervo, cuyo nombre honra la memoria del filólogo Rufino José Cuervo y del lingüista Miguel Antonio Caro Tobar, se encuentra así en la encrucijada de reafirmar su compromiso con la pluralidad de voces que históricamente ha caracterizado su labor investigativa y formativa.
