Grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra han ampliado su dominio territorial a más de 600 municipios en Colombia, coaccionando a votantes y candidatos de cara a las elecciones al Congreso y la Presidencia de 2026. Esta expansión, que se ha intensificado en los últimos cuatro años, incluye prácticas como amenazas, vigilancia constante, restricciones a las campañas electorales, selección arbitraria de candidatos, carnetización forzada, control de horarios y votación en bloque, afectando regiones clave como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, así como municipios específicos como Jamundí en Cauca, Catatumbo en Norte de Santander y Cesar, e incluso zonas urbanas en Medellín, Barranquilla y Soledad.
Expertos como Lina Tabares de Fundterpaz, Diego Molano, exministro de Defensa, Iris Marín de la Defensoría del Pueblo y Leonardo González de Indepaz han advertido sobre esta gobernanza armada ilegal, que implica la presencia de hombres armados en puestos de votación, perfilamiento de candidatos y bloqueo a opositores, todo ello motivado por un control territorial criminal que eleva drásticamente los riesgos electorales. Hace cuatro años, estos grupos dominaban apenas 150 municipios, pero ahora alcanzan más de 600 localidades, sometiendo a casi 9 millones de personas bajo constreñimiento electoral, con 7.450 puestos de votación rurales previstos y al menos 104 municipios en alerta grave por riesgos políticos y armados. Según el MOE, la violencia política y hechos relacionados ha escalado un 179% entre 2022 y 2025.
El terror que acecha las urnas
Esta situación persiste pese al acuerdo de paz de 2016 y se agrava a meses de las elecciones de 2026, donde comunidades son obligadas a entregar listados de habitantes y líderes sociales han sido desplazados por el miedo a participar en política. En el Catatumbo, por ejemplo, líderes denuncian un control asfixiante que impide cualquier campaña no autorizada por los grupos armados.
“Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan”
Líder social del Catatumbo
La Federación Nacional de Departamentos ha exigido consejos de seguridad y acciones concretas en el Plan Democracia, mientras la Registraduría Nacional reconoce las alertas, el MOE insta a medidas de protección y la Defensoría del Pueblo demanda respuestas diferenciadas para salvaguardar la democracia amenazada por esta coacción directa en vastas regiones del país.
“El miedo ya no es solo miedo, es terror… La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente”
Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz
“Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”
Diego Molano, exministro de Defensa
Frente a este panorama, el desafío para las autoridades es evidente: garantizar elecciones libres en un territorio donde el plomo dicta las reglas, preservando así los pilares de la democracia colombiana ante una escalada que pone en jaque el futuro político del país.
