El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el 55,1% de los trabajadores colombianos se encontraban en la informalidad durante el trimestre móvil febrero-abril de 2026. Esto significa que más de la mitad de la población ocupada en el país no cotiza a seguridad social ni accederá a una pensión en el futuro, una realidad que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de las recientes políticas laborales y el aumento del salario mínimo.
La cifra representa una leve disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025, cuando la informalidad se ubicó en 56,8%. Pese a la reducción, el nivel sigue siendo elevado y refleja las profundas brechas del mercado laboral colombiano. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales, la informalidad fue del 41,2%, una caída de 1,4 puntos porcentuales, mientras que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas llegó al 42,4%, con un descenso de 1,6 puntos. La situación es crítica en los centros poblados y el rural disperso, donde la tasa alcanza el 83,0%.
Brechas de género y tamaño empresarial
El análisis por sexo muestra que la informalidad afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. A nivel nacional, el 57,6% de los hombres ocupados eran informales, una reducción de 1,4 puntos porcentuales; mientras que en las mujeres la cifra fue de 51,6%, con un descenso más pronunciado de 2,1 puntos. En las 13 principales ciudades, la informalidad femenina fue de 39,6%, una mejora significativa de 2,4 puntos, frente al 42,5% de los hombres, que solo bajó 0,5 puntos. Por tamaño de empresa, las microempresas concentran la mayor tasa de informalidad con un 84,6%, seguidas de las pequeñas con 21,3%, las medianas con 4,6% y las grandes con apenas 2,2%.
“Es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”
Andrés Monroy Fonseca, gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co.
La publicación de estas cifras se da en medio de una fuerte controversia laboral. El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% en el salario mínimo, elevándolo a los dos millones de pesos mensuales bajo el concepto de “salario vital”, medida que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado por carecer de la debida justificación. A esto se suma la implementación de la Reforma Laboral, que ha generado inquietud entre los empresarios y analistas sobre sus efectos en la generación de empleo formal. Las cifras del Dane, que contrastan la leve mejoría en las ciudades con la persistente informalidad en el campo y las microempresas, encienden las alarmas sobre la capacidad del país para garantizar condiciones dignas y protección social a la mayoría de sus trabajadores.
