Una recién nacida falleció en el corregimiento de Jojocinto, en La Guajira, tras presuntas omisiones del sistema de salud para atender y trasladar a una joven madre de 24 años, perteneciente a la comunidad indígena wayuú, que presentaba una emergencia obstétrica. Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2024, cuando la mujer comenzó a sentir los dolores de parto a las 6:00 de la tarde. Pese a las solicitudes de su hermano, un líder comunitario, para que la IPS Súpula Wayuu y la Secretaría de Salud de Uribia activaran los protocolos de emergencia, las entidades alegaron que no podían desplazarse por “la distancia, la hora y razones relacionadas con la seguridad”. Sin una ambulancia disponible, un profesor de la zona trasladó a la mujer en un vehículo particular, pero durante el trayecto, entre las 11:50 y las 11:57 de la noche, la bebé nació sin vida. La comunidad radicó una demanda ante la Corte Constitucional para exigir justicia y visibilizar una crisis que, aseguran, se repite con frecuencia en la región.
El caso, que ha generado conmoción nacional, se enmarca en una crisis estructural que el alto tribunal ya había identificado hace nueve años, cuando declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira por la grave vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud y la alimentación. La Sala Especial de Seguimiento de la Corte, presidida por el magistrado Carlos Camargo, ordenó este año inspecciones judiciales en cuatro municipios para evaluar las condiciones actuales del cumplimiento de las órdenes. Precisamente, una comitiva de la Corte, liderada por el magistrado auxiliar Hugo Escobar, se desplazó desde Riohacha hasta Jojocinto para realizar una inspección judicial, un trayecto que, según se constató, tomó seis horas en recorrer, evidenciando las difíciles condiciones de movilidad en la zona desértica. Lo que para la Corte fue un viaje de varias horas, para la comunidad wayuú representa el drama cotidiano de tener que recorrer largas distancias sin opciones de transporte de emergencia.
Las omisiones del sistema de salud
De acuerdo con los líderes wayuú, la negativa de las entidades de salud a prestar el servicio de ambulancia y atención médica oportuna fue determinante en el desenlace fatal. La madre tuvo que ser trasladada posteriormente a la Clínica Talapui en Uribia, un trayecto que en vehículo particular dura aproximadamente dos horas, pero que para la comunidad se hizo eterno al saber que no había recibido asistencia alguna durante la emergencia. La Corte Constitucional, tras la inspección, identificó que persisten problemas de fragmentación en el aseguramiento de niñas y niños wayuú, falta de atención de los equipos de salud en comunidades dispersas y afectaciones a la salud mental de menores en el sector de La Pista, en Maicao.
«Además de enfrentar la pérdida de su hija, esta joven madre debe cargar con el dolor de saber que durante horas su familia tuvo que buscar por sus propios medios una respuesta ante una emergencia que, en principio, debía ser atendida mediante la ruta institucional de salud».
Demandantes
En respuesta a los hechos, el alto tribunal otorgó un plazo de diez días hábiles al Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud de La Guajira y Uribia, la Nueva EPS y la IPS Súpula Wayuu para que presenten un informe detallado sobre lo ocurrido y las acciones que tomarán para evitar que se repitan estas omisiones. Asimismo, se ordenó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría realizar seguimiento a los requerimientos de la Corte. El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) también fue requerido para determinar si Jojocinto está dentro del área de influencia de alguno de los 36 corredores viales priorizados por la Corte e informar sobre las condiciones de movilidad hacia los centros médicos más cercanos. Este fallecimiento ocurrió apenas días antes de una sesión técnica de la Corte Constitucional con 25 entidades convocadas para revisar el cumplimiento de las órdenes destinadas a proteger a la niñez wayuú, en un contexto donde la justicia constitucional busca respuestas concretas frente a la persistente vulneración de derechos en uno de los territorios más olvidados del país.
