La Veintitrés Manizales informa que una operación militar en Guaviare, dirigida contra Iván Mordisco y su grupo disidente de las FARC, dejó como saldo el fallecimiento de menores de edad. La acción, descrita por las autoridades como un bombardeo para neutralizar a la estructura, forma parte de la estrategia oficial para enfrentar al grupo y recuperar territorios bajo su influencia, con el objetivo de proteger a las tropas que intervienen en la zona. Aunque la fecha exacta de la intervención no se especifica en las informaciones disponibles, el hecho reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza y las obligaciones del Estado ante la población civil.
Entre las cifras que circulan, la Defensoría del Pueblo registra seis víctimas infantiles, mientras Medicina Legal eleva el conteo a siete. En cuanto a la capacidad operativa del grupo de Mordisco para afectar la acción, se estima que unos 150 hombres vinculados a su estructura fueron marcados como involucrados o amenazados por la operación, según las evaluaciones de inteligencia y de las autoridades.
La disputa sobre seguridad, territorio y derechos de la infancia se reabre
La acción ha colocado en primer plano la compleja discusión sobre hasta qué punto puede llegar el Estado para retomar zonas bajo control de fuerzas ilegales, sin perder de vista la protección de la población civil y los derechos de los menores. En un marco de debates sobre la estrategia de seguridad en Colombia, opositores, precandidatos y actores sociales han reaccionado de manera diversa, reafirmando que se trata de una línea de acción que exige rendición de cuentas y claridad sobre sus costos humanos.
«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscaron 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
«En esto estoy de acuerdo con @petrogustavo. El crimen organizado nos metió en una guerra. Ningún colombiano la quería. Pero ahora tenemos que ganarla y eso tiene costos dolorosos» – Enrique Peñalosa Londoño, exalcalde de Bogotá
Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, cuestionó la justificación del mandatario y la postura ante el bombardeo: «La Paz Total no solo es un fracaso, no solo ha inundado al país de coca, sino que cuesta vidas. Un presidente que se opuso a los bombardeos en campaña, que ha pedido la renuncia de ministros de Defensa por hechos similares en el pasado, hoy sale a justificar un bombardeo que dejó seis menores muertos. Inaceptable», escribió el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.
El hecho ha reavivado el debate sobre los límites de la acción estatal y las obligaciones de proteger a la población civil, con críticas y apoyos a la estrategia de seguridad. Organismos de derechos humanos y figuras políticas advierten sobre la necesidad de evaluar las consecuencias humanitarias de operaciones militares en áreas de conflicto, mientras que otros señalan la imperativa de recuperar el control territorial frente a las estructuras disidentes.
En definitiva, la operación en Guaviare impulsa una conversación nacional sobre seguridad, territorio y derechos de la infancia, con la expectativa de que el Gobierno detalle las circunstancias de la acción y presenten las cifras y las lecciones aprendidas para evitar tragedias similares en el futuro.
