La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias «Niño Guerrero», máximo líder del Tren de Aragua, ocurrida en un bombardeo militar en el estado Bolívar, Venezuela, el viernes 12 de junio de 2026, ha desatado una lucha interna por el control de la organización criminal transnacional. El operativo, autorizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a efectivos del Comando Sur, eliminó al cabecilla y dejó un vacío de poder que dos figuras emergentes buscan ocupar: alias «Giovanny» y alias «Johan Petrica», este último con una recompensa de 4 millones de dólares ofrecida por Washington.
Dos hombres se perfilan como principales candidatos a suceder al fallecido jefe. Se trata de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias «El Viejo» o «Giovanny», quien estaba a cargo de la expansión del grupo en Colombia, y Yohan José Romero, alias «Johan Petrica», cabecilla del Sindicato de Las Claritas, una estructura dedicada a la minería ilegal de oro en el estado Bolívar. Por Johan Petrica, el gobierno estadounidense mantiene vigente una recompensa de 4 millones de dólares, lo que refleja la importancia que el país norteamericano le asigna a su captura y al debilitamiento de la organización.
Vacío de poder y reconfiguración criminal
El bombardeo se registró en el estado Bolívar, una región considerada estratégica por su proximidad a las fronteras con Brasil y Guyana y por ser un epicentro de la minería ilegal de oro, actividad que ha financiado la expansión del Tren de Aragua. La muerte de Niño Guerrero, quien era el líder indiscutido de la banda, genera una transición de liderazgo que no será sencilla y que podría derivar en conflictos internos, fragmentación o el surgimiento de nuevas facciones violentas, según advierten analistas. La experiencia con la desmovilización de las Farc en Colombia muestra precedentes de cómo la ausencia de un mando unificado puede desatar luchas fratricidas por las rentas ilícitas.
El Tren de Aragua opera en al menos cuatro países: Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, con actividades que van desde la minería ilegal y el tráfico de migrantes hasta otras economías ilícitas. En ese contexto, la pugna entre Giovanny y Johan Petrica no solo define el futuro interno de la banda, sino que amenaza con reconfigurar el mapa criminal regional. Johan Petrica, descrito como un colaborador de perfil bajo que logró evadir controles policiales y ganarse la confianza del extinto líder, controla el Sindicato de Las Claritas en Bolívar, una fuente clave de ingresos. Por su parte, Giovanny maneja la expansión en Colombia, un mercado estratégico para la organización. La disputa por el control podría escalar la violencia en los territorios donde la banda tiene presencia, especialmente en las zonas fronterizas y mineras de Venezuela y Colombia, mientras las autoridades de varios países observan con atención los movimientos de ambos cabecillas.
