Elizabeth Herrera Peinado, una mujer de 65 años, denunció la suspensión injustificada de la indemnización mensual que recibía por casi tres años tras ser embestida por una vaca en la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, ubicada en la vereda El Campano del corregimiento Sabanal, zona rural de Montería, Córdoba. El accidente ocurrió el 28 de octubre de 2022, cuando la víctima caminaba y fue atacada por detrás por el animal, lo que le dejó una incapacidad permanente en el brazo izquierdo debido a una fractura multifragmentada que requirió cirugía con placas y tornillos. La empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., representada por Lina Moreno de Uribe, había transferido mensualmente un millón de pesos a su cuenta con comprobantes etiquetados como «Accidente vaca», pero en septiembre de 2025 suspendió los pagos sin ninguna explicación, dejando a la familia sin sustento económico.
Ante esta situación, Herrera Peinado, asesorada por el abogado Daniel Francisco Pacheco Peroza, radicó en enero de 2026 una demanda civil por 95 millones de pesos, que incluye daño emergente, lucro cesante y daño a la vida de relación. Dos trabajadores de la hacienda presenciaron el incidente sin intervenir inicialmente, hasta que uno de ellos ahuyentó a las reses y auxilió a la víctima. Sin embargo, la familia reporta presiones e intimidaciones, como la visita de un trabajador a su vivienda para persuadirla de desistir de la demanda, y un episodio en el que la invitaron a la hacienda con el pretexto de entregarle leche, pero terminó en insultos. Por temor, evitan cualquier contacto con la propiedad.
Presiones y contexto de la hacienda El Ubérrimo
La hacienda El Ubérrimo, que abarca 1.500 hectáreas, ha estado en el centro de controversias, incluyendo la recuperación de 8,3 hectáreas en 2022 por parte de campesinos. Además, Álvaro Uribe Vélez cumplió reclusión domiciliaria relacionada con otros procesos, de la que fue absuelto en octubre de 2025. En este marco, el abogado Pacheco Peroza relató las secuelas de las presiones sobre su clienta.
«Ella quedó muy nerviosa con esa visita. Me dijo que lo mejor era desistir del proceso».
Daniel Francisco Pacheco Peroza, abogado de Elizabeth Herrera Peinado
Por otro lado, Carmenza Gómez, integrante de la asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, que gestiona las tierras recuperadas, describió las dificultades en la zona por la compactación del suelo causada por años de ganadería en tierras áridas, lo que complica los cultivos iniciales y resalta las tensiones en la región.
«La tierra es bien árida, pues por lo que el ganado, me imagino que años ahí pisoteando esta tierra, es muy dura, porque nosotros ya iniciamos con un cultivo y no nos fue tan bien».
Carmenza Gómez, integrante de la asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades de los trabajadores rurales frente a grandes propiedades y las posibles represalias en procesos judiciales, mientras la demanda avanza en busca de justicia para Herrera Peinado y su familia.
