Una tragedia que enluta a una familia y enciende las alarmas sobre prácticas médicas ilegales en Bogotá. La muerte de Yenifer García Valencia, una madre de tres hijos de 33 años dedicada a la confección, ocurrida el pasado 15 de agosto en su propia vivienda en la localidad de Rafael Uribe Uribe, ha desatado una investigación penal y una contundente advertencia sanitaria: está terminantemente prohibido administrar anestesia o sedación fuera de clínicas u hospitales habilitados. La mujer falleció mientras recibía medicamentos de uso hospitalario para continuar un tatuaje en su espalda, un regalo de su esposo programado antes de un viaje familiar.
Los hechos, que ocurrieron minutos antes del mediodía, comenzaron cuando, según el relato del esposo, la víctima expresó su dolor durante el procedimiento. «Me duele mucho la espalda. Estoy embalada con este tatuaje porque ya me duele mucho. Yo no sé qué hacer», habría dicho Yenifer. Fue entonces cuando un auxiliar de enfermería, inscrito desde 2016, que había sido recomendado por una amiga de la víctima desde Estados Unidos, aplicó una serie de medicamentos. El esposo aseguró que preguntó por la seguridad del procedimiento y le informaron que solo usarían anestesia local. Sin embargo, la realidad fue otra: en la vivienda se hallaron fármacos como Dormicum Midazolam 5 mg/5 mL y Ketamina Clorhidrato solución inyectable 50 mg/mL, entre otros.
Una escena desgarradora y medicamentos de alto riesgo
Tras la administración de los anestésicos, Yenifer García no respondió. El auxiliar de enfermería y el tatuador intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero al llegar el personal médico, la mujer ya no presentaba signos vitales. La escena fue particularmente angustiante: la hija mayor de la víctima, testigo de todo, relató que el auxiliar le pidió: «Ayúdame a sentir si tu mamá tiene pulso». Minutos después, el tatuador salió de la vivienda llorando y pidiendo ayuda, mientras el esposo, desesperado, le gritaba a Yenifer: «¡Fuerte, fuerte, mi amor, no nos vaya a dejar!». La investigación de la Fiscalía se ha centrado no solo en la muerte, sino en el hallazgo de una jeringa oculta en la rejilla del baño, lo que sugiere un intento de ocultar evidencia y reorienta las pesquisas hacia la legalidad del procedimiento y la responsabilidad de todos los implicados.
Prohibición absoluta y advertencia de la Secretaría de Salud
La Secretaría de Salud de Bogotá ha sido tajante: la aplicación de anestesia está restringida a médicos especialistas en anestesiología y únicamente puede realizarse en clínicas u hospitales debidamente habilitados. Un auxiliar de enfermería, como en este caso, no tiene ninguna facultad para realizar anestesias ni sedaciones. «Este es un procedimiento no autorizado fuera de instituciones de salud», enfatizaron desde la entidad. La Fiscalía ya abrió una investigación penal para esclarecer las irregularidades y el posible incumplimiento normativo que llevó a esta tragedia. Para la familia, el dolor es inconmensurable. Una madre, una hija, una esposa que partió en medio de lo que debía ser un momento de embellecimiento, dejando un vacío que ahora clama justicia y que, según las autoridades, debe servir como advertencia para evitar que otras personas pongan su vida en manos de quienes no están capacitados ni autorizados para ello.
