En las propiedades horizontales y conjuntos residenciales de Colombia, los propietarios de mascotas enfrentan multas que pueden alcanzar el valor del canon de arrendamiento por incumplir los reglamentos internos y el artículo 126 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Las administraciones de estos conjuntos imponen sanciones estrictas para regular el manejo de las mascotas en zonas comunes, con el objetivo de preservar la seguridad, la limpieza, la tranquilidad y la armonía entre los residentes. Estas normas buscan evitar molestias, riesgos e incidentes en áreas compartidas, donde infracciones como pasear perros sin correa o no recoger excrementos son de las más frecuentes.
Las multas económicas varían según la gravedad: la de tipo 1 asciende aproximadamente a 130.000 pesos, mientras que la de tipo 2 puede llegar a 260.000 pesos, y en casos extremos equivalen al monto del canon de arrendamiento. La legislación de propiedad horizontal establece lineamientos claros para la movilidad, supervisión y cuidados de las mascotas, obligando a los dueños a movilizar perros con collar y correa, y a usar bozal en razas de manejo especial cuando transiten por zonas públicas o comunes. Además, es imperativo recoger los desechos con bolsas y depositarlos en recipientes designados, bajo pena de medidas disciplinarias y responsabilidad civil por cualquier daño causado.
Obligaciones y consecuencias en conjuntos residenciales
Los reglamentos internos de las propiedades horizontales refuerzan estas disposiciones para prevenir incidentes, como ataques de mascotas, en los que los propietarios deben contactar inmediatamente a las autoridades para iniciar los procedimientos legales correspondientes. El incumplimiento genera no solo sanciones pecuniarias, sino también la posibilidad de responder civilmente por perjuicios a terceros, subrayando la importancia de una convivencia responsable en estos espacios compartidos.
En un contexto donde las propiedades horizontales proliferan en ciudades como Manizales y otras regiones del país, acatar estas normas se convierte en una prioridad para mantener el orden y el bienestar colectivo, evitando así escaladas de conflictos entre vecinos y promoviendo un ambiente armónico para todos los habitantes.
