El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó en su primera semana de gobierno las primeras cinco extradiciones de su mandato, activando la entrega de ciudadanos colombianos requeridos por Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá por delitos de narcotráfico, violencia sexual agravada contra menor de edad y tentativa de homicidio. Las órdenes fueron tramitadas a través del Ministerio de Justicia y quedaron consignadas en las resoluciones 308 a 312 de 2026, marcando el inicio de la prometida mano dura contra organizaciones criminales y delitos de alto impacto que el mandatario ha reiterado desde que asumió el cargo el 7 de agosto.
Entre los extraditables figuran Armando Luis Suárez Calvo, señalado por presuntos vínculos con Los Pepes y el clan del Golfo, quien fue capturado en septiembre de 2025 en Barranquilla en un operativo conjunto de la Policía, la Fiscalía y la DEA. Su red movía hasta 1,5 toneladas de cocaína al mes, y la operación contra esa estructura afectó las finanzas criminales en más de 50 millones de dólares, además de evitar la comercialización de cerca de 3,7 millones de dosis de cocaína. También fue autorizada la extradición de Didier Ignacio García, alias Guillermina, detenido en 2024 en San Andrés, acusado de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína para importarla a Estados Unidos oculta en exportaciones de frutas.
Casos que cruzan fronteras
De los cinco casos, dos tienen como destino Estados Unidos por investigaciones de tráfico de cocaína. Diego Alberto Londoño será extraditado a Perú por tráfico de drogas ilícitas agravado; no tenía procesos abiertos en Colombia, por lo que su captura se realizó exclusivamente para fines de extradición. En otro frente, Jorge Luis Mojica Ortiz, de nacionalidad colombo-dominicana, fue detenido en enero de 2026 en Medellín con circular roja de Interpol, requerido por República Dominicana por violencia sexual agravada contra una menor de edad. Finalmente, Roderick Aldair Morales Delgado es solicitado por Panamá por homicidio agravado en grado de tentativa.
Estas primeras extradiciones se suman a otras medidas iniciales de seguridad adoptadas por el Gobierno de De la Espriella, como el traslado de reclusos de la cárcel La Paz de Itagüí a otros centros penitenciarios, en el marco de una estrategia integral para debilitar las estructuras criminales que operan en el país y enviar un mensaje contundente de cooperación internacional en la lucha contra el delito.
