Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y titular de Acolgen, lanzó una dura crítica la noche del miércoles 4 de febrero desde su perfil en la red social X contra el requerimiento masivo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dirigido a varias empresas para que revelen sus parámetros internos de fijación de precios. En un hilo compuesto por ocho mensajes, la directiva advirtió sobre los riesgos de un intervencionismo estatal que podría socavar la libertad económica en Colombia.
El pronunciamiento de Gutiérrez surge en respuesta a la iniciativa de la SIC, confirmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien defendió la medida al argumentar que conocer la estructura de formación de precios es esencial para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Esta acción genera tensiones en el debate nacional sobre el rol del Estado en la regulación de precios, determinada tradicionalmente por la oferta y la demanda, en un contexto donde la SIC mantiene funciones de vigilancia y control, pero sin facultades para establecer precios de manera general.
La línea entre supervisión y control estatal
Gutiérrez delimitó claramente la diferencia entre la supervisión legítima de prácticas anticompetitivas probadas y la fiscalización de la rentabilidad sin indicios de ilegalidad, insistiendo en que inspeccionar no equivale a acosar. En sus mensajes, la presidenta del Consejo Gremial subrayó que la Constitución es clara al respecto y protege la autonomía de las empresas privadas.
«La Constitución es clara. El Estado no puede coadministrar empresas privadas. El artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial. Vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
La ejecutiva alertó que cruzar esa línea transforma la supervisión en una forma indirecta de control de precios, lo que debilitaría la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas al obligar a revelar información estratégica sin un proceso judicial ni base legal concreta.
«Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
«Cuando el regulador cruza esa línea, el mercado deja de ser libre. Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
Enfatizando la importancia de la reserva comercial como garantía constitucional no negociable, Gutiérrez proyectó escenarios preocupantes donde la entrega de datos hoy podría derivar en la fijación centralizada de precios mañana, erosionando la productividad y la existencia misma de empresas privadas en el país.
«La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
«La reserva comercial no se negocia, es una garantía constitucional. Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad».
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial
Este intercambio público entre el gremio empresarial y las autoridades regulatorias pone de manifiesto las crecientes fricciones en torno al equilibrio entre intervención estatal y libertad de mercado en Colombia, en un momento clave para la economía nacional.
