La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia ha entrado en una fase decisiva, con propuestas distantes entre los actores involucrados: los sindicatos liderados por Fabio Arias, presidente de la CUT, exigen un aumento del 16 por ciento que elevaría el salario a 1.651.260 pesos y el auxilio de transporte a 232.000 pesos; los empresarios, representados por María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, proponen un 7,21 por ciento para un salario de 1.526.134 pesos y auxilio de 214.420 pesos; mientras el Gobierno, a través del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, sugiere alrededor del 11 por ciento, lo que situaría el salario en aproximadamente 1.580.085 pesos. Esta mesa de concertación en Bogotá, con fecha límite el 15 de diciembre de 2025, busca un consenso sobre el aumento salarial mínimo y el auxilio de transporte, y de no lograrse, el Ejecutivo lo fijará por decreto.
La reciente reunión de la mesa de concertación del 9 de diciembre en Bogotá se extendió por seis horas, evidenciando la tensión entre las partes en un contexto marcado por la inflación de noviembre en 5,30 por ciento, proyectada para 2025 en 5,15 por ciento, una tasa de desempleo del 8,2 por ciento en octubre, informalidad laboral superior al 50 por ciento y un crecimiento económico estimado en 2,8 por ciento. Factores como la baja productividad laboral, la desigualdad y la necesidad de preservar el poder adquisitivo impulsan el debate, que culminará en una audiencia pública híbrida el 15 de diciembre en la Universidad Nacional, organizada por el Ministerio del Trabajo bajo el título «Hablemos de salario mínimo 2026 en Colombia», con participación ciudadana presencial y virtual, seguida de una rueda de prensa a las 3:00 p.m.
Posiciones y llamados a la concertación
Los sindicatos insisten en un ajuste significativo para combatir la brecha salarial, mientras los empresarios advierten sobre los riesgos para la generación de empleo formal en un panorama económico retador. El Gobierno actúa como mediador, destacando la flexibilidad de las posturas iniciales. Esta negociación anual impactará directamente en millones de trabajadores, sus familias y la economía nacional.
«Trabajadoras y trabajadores consideramos que un aumento de dos dígitos, estipulado en un 16%, es un acto de dignidad y una medida necesaria para seguir reduciendo la desigualdad en Colombia».
Fabio Arias, presidente CUT
«Este incremento pedido por los trabajadores de dos dígitos en un 16%, es la mejor respuesta a esas propuestas chichipatas que siempre han hecho los empresarios y que definitivamente es el que explica la alta brecha que existe en materia de salario mínimo hoy en Colombia».
Fabio Arias, presidente CUT
Por su parte, los empresarios enfatizan la importancia de ceñirse a la ley, basando el aumento en la inflación observada y la productividad, en un diálogo serio.
«Sin empresas, no hay empleo y sin empleo, no hay poder adquisitivo que proteger. El panorama, sin lugar a duda es retador, pero hay espacio para un acuerdo si nos ceñimos a la ley, que el salario mínimo se defina con base en la inflación observada, la productividad en un diálogo serio entre el Gobierno, trabajadores y empresarios».
María Claudia Lacouture, presidenta AmCham Colombia
«Si el aumento del salario mínimo no se maneja con prudencia, se pone en riesgo justamente esa recuperación y la generación de empleo formal que el país necesita».
María Claudia Lacouture, presidenta AmCham Colombia
El ministro Sanguino, quien ha evitado propuestas concretas hasta ahora, subraya la disposición de las partes a aproximarse.
«No hemos querido presentar propuestas concretas, pero queremos informar que ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo».
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
«Ni el 7,21% ni el 16% son posiciones rígidas. Son puntos de partida para buscar un acuerdo que ojalá podamos entregar al país».
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Con el plazo aproximándose, la audiencia pública del 15 de diciembre será clave para inclinar la balanza en esta discusión vital para el futuro laboral de Colombia, donde el equilibrio entre dignidad salarial y sostenibilidad empresarial definirá el rumbo de la recuperación económica.
