Este miércoles 1 de octubre de 2026, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales dio inicio formal a las sesiones extraordinarias destinadas a definir el incremento del salario mínimo para el año 2027. En la mesa participan representantes del Gobierno, los trabajadores y los empresarios, y las proyecciones preliminares apuntan a un aumento que podría situarse entre el 7 % y el 10 % sobre la base vigente de 1.750.905 pesos mensuales. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, lideró la apertura del diálogo y fijó el 15 de diciembre de 2026 como plazo para un primer acuerdo, aunque la fecha límite para la definición es el 30 o 31 de diciembre, tras la cual, si no hay concertación, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, podría fijar el incremento por decreto.
La comisión, que reúne a funcionarios del Gobierno, representantes sindicales y gremios empresariales, utilizará como referencia técnica la suma de la inflación anual proyectada y el índice de productividad laboral. Para 2026, la inflación se estima entre el 6,3 % y el 7 %, mientras que la productividad laboral agregaría cerca de un punto porcentual adicional. Analistas de Davivienda proyectan un ajuste del 8,5 %, mientras que Daniel Velandia, director general de Research y economista jefe de Credicorp Capital, ubica el rango entre el 9 % y el 10 %. Desde la perspectiva jurídica, Santiago Salazar, director jurídico de SH Abogados, advirtió que un incremento del 9 % o 10 % no se justifica con las cifras actuales y sería más una decisión de concertación política que un resultado técnico, aunque reconoció que con una inflación del 7 %, un aumento del 9 % dejaría cerca de dos puntos reales y uno del 10 % alrededor de tres puntos, lo que calificó como una ganancia real moderada.
Cifras y proyecciones del posible ajuste
El salario mínimo vigente en 2026 es de 1.750.905 pesos mensuales, al que se suma un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un ingreso total de 2.000.000 de pesos para los beneficiarios. Si el incremento se fijara en el 7 %, el salario base quedaría en 1.873.468 pesos; con el 8 %, en 1.890.977 pesos, más un auxilio de transporte de 263.023 pesos, totalizando 2.160.000 pesos; el 9 % implicaría un salario de 1.908.486 pesos y auxilio de 271.514 pesos, para un total de 2.180.000 pesos; y el 10 % elevaría el salario base a 1.925.996 pesos. Es importante recordar que sobre el salario base el trabajador descuenta el 4 % para salud y otro 4 % para pensión, lo que en el caso del 7 % significaría un descuento mensual de 149.876 pesos (74.938 por cada concepto), mientras que el empleador aporta el 8,5 % a salud y el 12 % a pensión. El auxilio de transporte no integra la base para estos descuentos.
El ajuste salarial también impacta directamente en las prestaciones sociales. Por ejemplo, con un salario de 1.873.468 pesos, la prima de servicios semestral sería aproximadamente 936.734 pesos. Asimismo, un trabajador que ingresó el 1 de marzo de 2026 con el salario actual habría acumulado cerca de 1.488.269 pesos en cesantías hasta diciembre de 2026; con un aumento del 7 % en 2027 sumaría 307.040 pesos adicionales hasta el 1 de marzo, totalizando 1.795.309 pesos al completar el año laboral.
«El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad; necesita confianza y reglas claras. Ese es el diálogo que queremos fortalecer desde la Patria Milagro».
Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo
«El 9 % o 10 % no se justifica con las cifras de hoy. Sería una decisión de concertación política, no un resultado técnico».
Santiago Salazar, director jurídico de SH Abogados
La ministra López Fuentes también propuso que la mesa sectorial de diálogo se mantenga activa durante todo el año y no solo en las semanas previas a la negociación salarial, con el fin de abordar temas relevantes del sector laboral de forma permanente. En la apertura de las sesiones, destacó que las decisiones deben tomarse con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores, y que la confianza y las reglas claras son esenciales para que la economía crezca y reduzca la informalidad. La negociación de este año se da en un contexto en el que se consideran posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la economía, lo que agrega incertidumbre a las proyecciones. El país espera con atención el desenlace de esta concertación, que definirá el poder adquisitivo de millones de trabajadores colombianos a partir del 1 de enero de 2027.
