Un juez de control de garantías en Bucaramanga impuso una condena adicional de 36 meses de prisión a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como “el Negro Ober”, de 37 años, por el delito de amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El hecho ocurrió desde la Cárcel de Girón, donde el procesado amenazó a un fiscal que investigaba a su esposa, y la sentencia fue confirmada el pasado 20 de enero tras aceptar los cargos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, avalado por el juez. Además de la pena carcelaria, Martínez Gutiérrez deberá pagar una multa equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La amenaza se registró en un video en el que “el Negro Ober” intimidaba directamente al fiscal de Bucaramanga, quien indaga a su esposa, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias “Johanna”, de 28 años, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Esta mujer fue capturada en Bogotá y enfrenta su propio proceso judicial. Martínez Gutiérrez, líder de la banda criminal Los Rastrojos Costeños, ya cumple una condena previa de 50 años de prisión por extorsión, homicidio, ataques a la población civil y tráfico de drogas.
Antecedentes de violencia y traslados carcelarios
El delincuente tiene un historial de intimidaciones repetidas, incluyendo amenazas a guardianes del Inpec, jueces, comerciantes y periodistas en Barranquilla, donde prometió actos de violencia. Estos comportamientos han obligado a varios traslados previos de cárcel, evidenciando el uso de tecnología por parte de reclusos para perpetrar delitos desde el interior de los penales. Los Rastrojos Costeños operan principalmente en Barranquilla y otras zonas del Atlántico, extendiendo su influencia delictiva en la región.
“El mensaje es claro: las intimidaciones, incluso cuando se realizan desde centros carcelarios, tienen consecuencias penales y no quedarán en la impunidad”
Fiscalía General de la Nación, comunicado de prensa
Esta nueva condena refuerza el compromiso de las autoridades con la lucha contra la criminalidad organizada, destacando que ni las rejas detienen la acción de la justicia ante actos de intimidación que buscan socavar el sistema judicial y la seguridad pública en Colombia.
